Por estos días, el Congreso discute un proyecto de ley que pone en entredicho uno de los pilares de toda sociedad democrática: la libertad de prensa. Se trata de una moción parlamentaria que busca sancionar penalmente no solo a quienes filtran información reservada de investigaciones judiciales, sino también a quienes la difunden, lo que incluye de manera explícita a periodistas y medios de comunicación. La propuesta, que ha sido bautizada por sus detractores como “Ley Mordaza 2.0”, revive fantasmas que creíamos superados en el Chile del siglo XXI.
Presentada en abril por un grupo transversal de senadores (Pedro Araya, Luz Ebensperger, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti), la iniciativa surge tras las filtraciones ocurridas en los casos Audios, Monsalve y Sierra Bella. Según sus impulsores, el objetivo es proteger el derecho a la intimidad de los involucrados y resguardar la integridad de los procesos penales. Pero al hacerlo, proponen medidas desproporcionadas que abren la puerta a la criminalización del ejercicio periodístico.
El texto legal es claro y preocupante: quienes entreguen, informen, difundan o divulguen antecedentes amparados por el secreto incurrirán en penas de presidio menor en su grado medio a máximo. Esto, sin distinguir entre quienes filtran desde una posición de poder institucional (fiscales, defensores, policías) y quienes cumplen con su trabajo informativo.
Una buena señal, desde Ñuble, han sido las voces críticas de algunos parlamentarios, como el senador Gustavo Sanhueza y el diputado Cristóbal Martínez, quienes coinciden en que la iniciativa debilita el rol de la prensa en su rol de fiscalizadora del poder. El Colegio de Periodistas, por su parte, denunció que la iniciativa expone a los medios a una criminalización injustificada, ignorando su función democrática.
Incluso desde el Ejecutivo se ha marcado distancia. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que el gobierno “no va a promover ninguna iniciativa que implique atentar contra la libertad de expresión”, y recalcó que los medios no deben tener el mismo tratamiento legal que quienes están formalmente obligados a guardar secreto.
Es evidente que la filtración de información reservada debe ser sancionada, sobre todo cuando proviene de funcionarios públicos que incumplen sus deberes. Pero criminalizar al periodista que publica esa información -cuando se trata de antecedentes que son de interés público- es vulnerar derechos esenciales.
Nuestras leyes deben asegurar el derecho a acceder a información veraz, emitir opiniones sin censura previa y mantener medios de comunicación autónomos. Cualquier intento de silenciar, condicionar o restringir ese derecho, aunque se presente con las mejores intenciones, termina debilitando la democracia.
Porque solo una prensa libre, sin mordazas ni amenazas penales, puede garantizar que la ciudadanía acceda a la información necesaria para ejercer su soberanía. Lo contrario es abrir paso a una sociedad más opaca, menos fiscalizadora y más vulnerable a los abusos de poder.
