Señor Director:
La discusión del Presupuesto 2027 obliga a mirar una pregunta de fondo: cuánto estamos dispuestos a invertir para evitar que las vulneraciones a niños, niñas y adolescentes ocurran.
El último Diagnóstico de la Defensoría de la Niñez advierte un aumento de 46,4% en las víctimas de violencia sexual entre 2019 y 2025 y señala que más de 41 mil niños, niñas y adolescentes estaban en lista de espera para programas de protección especializada durante 2025.
Hoy, sin embargo, la mayor parte de los recursos se concentra cuando el daño ya ocurrió. Las Oficinas Locales de la Niñez, que forman parte del sistema de protección integral, reciben no más de US$40 millones para llegar a los 4,4 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. En contraste, más de US$700 millones se destinan a la protección especializada y reinserción juvenil, que atienden a no más de 290 mil personas al año.
Si queremos llegar antes, el presupuesto debe reforzar la primera infancia, la salud mental, los entornos escolares, el apoyo a las familias y las capacidades territoriales.
Prevenir también es una decisión presupuestaria. El Presupuesto 2027 es una oportunidad para demostrarlo.
Juan Pablo Venegas Gormaz
Gerente de Incidencia Pública de World Vision Chile
