La eventual eliminación del programa “Yo elijo mi PC”, incluido durante 17 años en las Becas TIC, abre una discusión que va mucho más allá de una partida presupuestaria. En Ñuble, donde las brechas territoriales y económicas siguen condicionando el acceso a oportunidades, retirar este beneficio exige una justificación especialmente sólida.
El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla recursos para la continuidad de las Becas TIC, decisión que el Gobierno vincula con una revisión del gasto y con una evaluación que cuestionaría su impacto efectivo en el aprendizaje. Es legítimo que una administración revise programas, mida resultados y reasigne recursos cuando existen alternativas más eficientes. Lo que resulta discutible es que una eventual eliminación se plantee sin que, al menos públicamente, exista claridad suficiente respecto de cuál será la política que reemplazará la entrega de computadores a los estudiantes que los necesitan.
La inquietud expresada por alcaldes de comunas como El Carmen y San Carlos apunta precisamente a esa brecha. Un computador puede ser un recurso complementario para un estudiante de una familia con mayores ingresos, pero adquiere una dimensión completamente distinta cuando se trata de un hogar que difícilmente podría destinar cientos de miles de pesos a adquirir uno.
La realidad de Ñuble tampoco puede analizarse únicamente desde parámetros nacionales. En las comunas rurales, las distancias, la conectividad y las condiciones socioeconómicas hacen que las herramientas tecnológicas tengan un valor adicional. Para muchos estudiantes, disponer de un computador no significa simplemente contar con un aparato electrónico, sino acceder a plataformas educativas, desarrollar tareas, buscar información y mantener condiciones mínimas de igualdad frente a sus pares.
La reacción del alcalde de San Carlos, quien planteó incluso utilizar recursos municipales para mantener la entrega, revela además un riesgo que debe evitarse: que una política nacional termine dependiendo de la capacidad económica de cada municipio. Eso profundizaría las diferencias entre comunas y trasladaría a los gobiernos locales una responsabilidad que corresponde al Estado.
La discusión presupuestaria en el Congreso constituye, por tanto, una oportunidad para revisar la decisión con antecedentes concretos. Si el programa tiene deficiencias, deben corregirse; si su impacto es insuficiente, corresponde mejorarlo y focalizarlo. Pero eliminarlo sin garantizar una alternativa efectiva puede transformar un ahorro fiscal en una nueva brecha educativa.
La tecnología ya no es un lujo dentro del sistema escolar. Es parte de las herramientas básicas para aprender. En consecuencia, el debate no debiera centrarse solamente en cuánto cuesta entregar un computador, sino en cuánto le cuesta al país dejar a un estudiante atrás.
