Señor Director:
El allanamiento policial en el Congreso Nacional por presuntas coimas vinculadas a licitaciones de Junaeb vuelve a poner en evidencia las deficiencias de los mecanismos de control estatal. Es inaceptable que la fiscalización llegue siempre tarde, cuando los recursos destinados a los estudiantes más vulnerables ya han sido comprometidos.
La rendición de cuentas no puede depender de conveniencias de turno. Ante hechos de esta gravedad, deben determinarse las responsabilidades de quienes, teniendo el deber de fiscalizar, miraron para el lado. Asimismo, si los tribunales acreditan delitos, las sanciones deben ser efectivas y proporcionales a la gravedad de estos, incluyendo penas de cárcel efectivas e inhabilitaciones para futuras contrataciones con el Estado.
Un Estado de derecho sólido exige coherencia e instituciones capaces de prevenir, fiscalizar y sancionar. La probidad no se asegura con declaraciones tardías, porque cuando la corrupción queda impune, el costo no lo asume quien defrauda, lo termina pagando la ciudadanía.
Javiera Serón Téllez
