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A fines de 2023 el Centro de Estudios Ñuble de la Universidad del Bío Bío desarrolló una encuesta a 390 habitantes de la región para medir la percepción y preparación de la comunidad frente a los riesgos de desastres socionaturales como terremotos o incendios, así como su capacidad de resiliencia frente a estos eventos adversos.
Las respuestas y conclusiones del instrumento fueron plasmadas en un informe preliminar denominado “Resiliencia Comunitaria”, cuyos datos fueron levantados para guiar a la institucionalidad relacionada con la prevención y las emergencias, con miras a fortalecer las capacidades de las comunidades y su respuesta frente a amenazas de distinta índole.
De acuerdo al perfil de las personas que fueron consultadas, se determinó que 25% de ellos habita la zona rural y un 74,9% la urbana. Un 38% de los participantes es menor de 29 años y 32,1% es mayor de 60 años. De ese total, un 73,8% no declara presentar alguna discapacidad. En cuanto al nivel educacional, un 31% posee la enseñanza media completa, seguido de un 26,7% con universitario completo, mientras que un 0,3% nunca asistió a la escuela. Finalmente, el 47,9% de los encuestados indicó estar soltero/a, mientras que el 4,1% se identificó como viudo/a y otro 4,1% como separado/a.
La aplicación del instrumento incluyó preguntas relacionadas con la experiencia, comunicación, preparación y resiliencia. Como, por ejemplo; ¿Alguno de los siguientes desastres naturales causó a su hogar alguna lesión, daño o pérdida?,¿Alguna vez te has comunicado con instituciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres? ¿Qué elementos de protección ante desastres tiene disponibles en su hogar actualmente?
Entre los resultados arrojados, se estableció que la población tiene una alta conciencia del riesgo, pero de carácter estacional, dado más bien por la contingencia, y que esa percepción no necesariamente está acompañada con un nivel de preparación adecuado para enfrentar una emergencia.
Así lo explica el director del Centro de Estudios de la UBB y doctor en sicología, José Sandoval, quien entregó un análisis al respecto.
“Vimos que hay una consciencia del riesgo, es decir, se sabe que son de alguna manera amenazas importantes en la vida cotidiana, pero hay una baja percepción del riesgo en términos de cuáles son sus impactos diferenciados. En ese sentido, hay conciencia de los terremotos y de los incendios a partir de la contingencia, pero, por ejemplo, se percibe como riesgo bien estacional, es decir, vemos que en el verano hay incendios por los medios de prensa amplifican esa información y generan ciertas inquietudes, pero después esa percepción de riesgo baja, entonces, es una percepción del riesgo bien estacional y que no conlleva adquisición de capacidades. Es decir, no necesariamente la gente sabe responder frente a estos temas tan básicos; cómo se pueden preparan a nivel de hogar, encontramos que gran parte de las familias no tienen planes de qué hacer cuando se cortan las comunicaciones o como, por ejemplo, conocer las vías de evacuación ante un incendio”, detalla.
Según el académico, unas de las causas que podría explicar la escasez de recursos para enfrentar una situación crítica, como reveló la encuesta, puede explicarse por diversas variables, entre ellas, la prioridad por los riesgos diarios por sobre los socionaturales.
“Muchas de las personas van gestionando ciertos riesgos cotidianos, por ejemplo; la seguridad ciudadana vinculada al tema de delincuencia, siendo que los riesgos de origen natural quedan en última instancia. Lo segundo, tiene que ver con esta capacidad de que los desastres son inevitables, es decir, son calamidades de la naturaleza. En algunos casos también está este discurso que son castigos divinos, entonces, también esta mirada de naturalizar los desastres y pensar que estos ocurren sin mayor control en la gestión de su riesgo. Lo otro, tiene que ver con la baja percepción del riesgo y la percepción del riesgo también se vincula a temáticas de desconocimiento de los impactos que esto tiene, por ejemplo; en una investigación que hicimos del riesgo volcánico, la mayoría de las personas tiene esta mirada como del desastre volcanológico de los lares, pero hay otros riesgos pequeños asociados, la ceniza que puede llegar a los ríos o el mismo humo que puede generar algunos problemas respiratorios, etcétera”, aclara.
En ese sentido, el doctor en psicología plantea que hay matices entre las comunidades de cara al desastre, ya que aquellas que han pasado por experiencias previas tienen algún grado de manejo ante una contingencia de este tipo, aunque no absoluto, por lo que persiste la necesidad de instalar planes de acción rápida.
“Hemos encontrado que aquellas familias y comunidades que se preparan, son aquellas que han sufrido desastres, es decir, la experiencia condiciona el sentirse tal vez alerta, pero el sentirse alerta no conlleva necesariamente tener los conocimientos, de qué capacidades desplegar y qué hacer. Entonces, también ahí podríamos decir que la experiencia facilita que exista una percepción del riesgo basada en una emoción negativa, pero eso no necesariamente conlleva que la persona sepa qué hacer”, enfatiza.
Alta resiliencia
La capacidad de la población de sobreponerse a un evento adverso y seguir adelante tanto física como psicológicamente, adquiere alta valoración entre los encuestados, dada la experiencia adquirida con las inundaciones o incendios forestales, por ejemplo.
“Es interesante que las personas se perciban como resilientes, porque eso conlleva una mirada de empoderamiento más alto, pero la percepción del riesgo es muy estacional y las capacidades están escasamente implementadas. (…) Creo que en primer lugar (la resiliencia) se debe a que Chile es un país que es azotado constantemente por desastres de diversas índoles, sean terremotos, sean actualmente los incendios forestales, las mismas inundaciones. Tiene que ver con esta identidad también marcada por los mismos desastres o las crisis o esta idiosincrasia chilena, de la mirada del ave fénix, es como ante estas situaciones críticas uno va a salir mejor parado y uno lo escucha por entrevistas que se hacen a personas que fueron afectadas donde dicen al menos perdí sólo lo material, pero lo material igual es importante”, expone.
Entre los hallazgos, los consultados revelaron la figura de las juntas de vecinos a la hora de establecer contacto en caso de desastres o riesgos, por sobre otras instituciones vinculadas a la gestión de la emergencia como Senapred, Fuerzas Armadas, Delegación Presidencial, entre otras.
“Hay confianza a nivel de vecinos. Ahora creo que sí es preocupante en esos términos, porque si bien está la confianza y el conocimiento, lo que faltan son las capacidades de qué hacer frente a eso. Dónde viven las personas que tienen mayor vulnerabilidad, qué hacemos en el momento de responder, de prepararnos, de recuperarnos. Creo que a nivel de comunidad debería haber un énfasis importante en la preparación, en la respuesta a la emergencia. Hay vacíos en los abordajes de esta problemática. Hay mucho énfasis, y es relevante, en fortalecer los sistemas de alerta, fortalecer la gobernanza institucional con los Congrid, pero también es importante cómo la comunidad puede afrontar las primeras horas, porque ahí la comunidad se encuentra sola. Deberían instalarse capacidades de acción rápida”, apunta.
Desde la mirada del director del Centro de Estudios se ha avanzado en la coordinación entre las instituciones para hacer frente a los episodios críticos que afectan a la comunidad, pero no se ha puesto el énfasis en las fases posteriores y los escenarios futuros de riesgo que podrían perjudicar al territorio, lo que amerita un trabajo en orden a identificar zonas de mayor peligro en caso de siniestros.
“Creo que en este último tiempo ha habido una mejor coordinación institucional. Ha habido una buena respuesta para prevenir la ocurrencia de ciertos eventos o mejorar la preparación, pero está al debe la política pública en la recuperación y la reconstrucción, es decir, el proceso una vez terminado el desastre y la entrega de viviendas de emergencia. (…) Porque uno ve los temas estacionales, los procesos de reconstrucción debieran considerar esas zonas de exposición, que van a seguir siendo afectadas en el corto plazo, por efectos de las inundaciones o el mismo tema de los incendios. Por el mismo contexto, van a seguir siendo las mismas zonas afectadas en uno o dos años. Ahí entra la política del ordenamiento territorial. Es decir, para soluciones a largo plazo, necesitamos de alguna manera repensar nuestro territorio y ver dónde hay zonas más expuestas. Debiera haber al menos haber una discusión, si esas zonas se dejan como espacios para mitigar estos eventos o vamos a seguir reconstruyendo todos los años en el mismo lugar. Las políticas de ordenamiento territorial son súper importantes para la discusión a largo plazo”, destaca.
A reglón seguido, el profesional establece la necesidad de “que los planos reguladores incorporen, por ejemplo, mapas de riesgo. Gran parte de los desastres vienen afectar a los grupos más vulnerables, no solamente los desastres impactan personas, sino también esos grupos que tienen menos capacidad para reponerse. Entonces, también es importante, pensar en las políticas de ordenamiento territorial que incorporen estos mapas de riesgo y que sean diferenciados también, porque son distintos para una zona de inundación o de un incendio forestal”
Plan de intervención
El resultado de la encuesta será dado a conocer oficialmente en una ceremonia, con un panel de expertos, el próximo viernes 10 de mayo en el Teatro Municipal de Chillán. Posterior a este trabajo el Centro de Estudios ejecutará un proyecto piloto para establecer un plan de intervención adecuado a cuatro comunas de Ñuble con el fin de dotarlas de mapas de riesgos, conocimiento de la vulnerabilidad del sector, capacitaciones vinculadas a primeros auxilios y contención psicológica, entre otros.
Entre los miembros del panel del lanzamiento, se contempla la participación de la directora regional del Instituto de Derechos Humanos (Indh), Isabel Amor, quien consultada por el documento, expone que las emergencias están siendo cada vez más recurrentes, por lo que se requiere una mirada a largo plazo de esta problemática y no solo acotada a la contingencia.
“Parte del problema es que estamos abordando las emergencias como eventos aislados. Antes la gente tenía este tipo de experiencias una o dos veces en la vida. En Ñuble solo el año pasado tuvimos un mega incendio y dos grandes inundaciones. Es fundamental que se refuercen de manera consciente y sistemática las etapas de prevención, mitigación y preparación, que son propias de la gestión de desastres”, comenta.
Asimismo plantea la necesidad de acoger los documentos de su institución para dar seguimiento las fases y aprendizajes posteriores que han dejado las experiencias de los desastres, porque solo así se evitan impactos más profundos en el territorio.
“La sede regional del INDH ha estado presentando los informes sobre respuesta del Estado ante emergencias – incendios e inundaciones – desde el año pasado. Hemos entregado la información a la Delegación Presidencial, expuesto en el Cogrid regional y en diversos concejos municipales. Durante el segundo semestre de 2024 tenemos proyectado dar inicio al seguimiento de la implementación, o falta de ella, en la región” expone.
