Según confirmó el Ministerio Público, se citó para tomar declaraciones a un total de 19 personas, entre los que se encuentran funcionarios públicos del GORE de Ñuble, de la Fundación Procultura y una consultora.
En ese sentido, siete de los citados hicieron uso de su derecho a guardar silencio; diez de ellos declararon en la causa y, en el caso de los dos restantes, sus diligencias fueron reprogramadas, afirmó el ente persecutor a través de un comunicado.
Según publicó el diario El Mercurio, tanto el gobernador Oscar Crisóstomo, así como otras jefaturas de la Corporación, se cuentan entre quienes optaron por su derecho a guardar silencio, aludiendo a que desconocían los detalles de la carpeta.
Las pesquisas fueron instruidas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien investiga eventuales delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráficos de influencias en la mencionada causa, que revisa distintos convenios suscritos con instituciones estatales, especialmente con gobiernos regionales (GORE).
Las diligencias, además, se suman a las que ya se efectuaron -hace algunas semanas- en las regiones Metropolitana y Biobío, donde se incautaron diferentes especies, nubes informáticas, bases de datos de correos electrónicos, entre otros elementos, detalló el Ministerio Público.
