La entrada en vigencia de la denominada Ley “Chao Cables” marca un punto de inflexión en un problema urbano que por años fue naturalizado en las ciudades chilenas: la contaminación visual, el deterioro del espacio público y los riesgos asociados al abandono de kilómetros de cableado aéreo en desuso. Que la implementación nacional parta en San Carlos, si bien deja a la capital regional en espera de una medida largamente anhelada, constituye un reconocimiento a una realidad evidente en muchas comunas de regiones, donde postes saturados, cables colgando y tendidos inútiles se han convertido en parte habitual del paisaje urbano.
Durante demasiado tiempo el crecimiento acelerado de las telecomunicaciones avanzó sin una planificación urbana adecuada. El despliegue de servicios de internet, telefonía y televisión fue acompañado por una maraña de cables que se acumuló año tras año, muchas veces sin fiscalización efectiva y con escasa responsabilidad posterior por parte de las empresas. El resultado es conocido: ciudades visualmente deterioradas, riesgos para peatones y automovilistas, problemas para la mantención eléctrica y una sensación permanente de desorden.
La puesta en marcha del Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables llega, por tanto, con un retraso evidente, considerando que la ley fue promulgada en 2019 y recién ahora comienza su aplicación efectiva tras seis años de tramitaciones y coordinaciones. Sin embargo, más vale tarde que nunca. El retiro de cables abandonados y el ordenamiento del tendido son medidas necesarias no solo desde el punto de vista estético, sino también en términos de seguridad pública, resiliencia urbana y calidad de vida.
El caso de San Carlos refleja con claridad la magnitud del problema. La estimación del propio alcalde, quien sostiene que cerca del 80% del cableado del centro podría estar en desuso, revela el abandono acumulado durante décadas. A ello se suma otra dificultad: muchas de las empresas responsables ya no existen, lo que transforma el proceso de identificación en una suerte de “arqueología urbana”. Precisamente por eso, el valor de esta política pública radica en establecer por fin obligaciones concretas y mecanismos de coordinación entre el Estado, los municipios y las compañías del sector.
En Ñuble, además, existen experiencias que demuestran que avanzar es posible. Chillán, mediante una ordenanza municipal aplicada desde 2024, ya ha retirado más de 1.700 kilos de cables en 21 calles y avenidas. Ese esfuerzo local evidencia que cuando existe decisión institucional, los cambios comienzan a percibirse.
No obstante, sería un error considerar que el retiro de cables en desuso resuelve de manera definitiva el problema. La discusión de fondo debe apuntar hacia soluciones más estructurales y de largo plazo. En ciudades que aspiran a ser más modernas, seguras y armónicas, el soterramiento progresivo del tendido eléctrico y de telecomunicaciones debiera comenzar a instalarse como una meta urbana razonable.
Es cierto que se trata de inversiones elevadas y técnicamente complejas. Pero también es cierto que muchas ciudades del mundo —y algunas zonas específicas de Chile— han demostrado que el soterramiento mejora la calidad urbana, reduce riesgos ante temporales, disminuye interrupciones de servicio y libera el espacio aéreo de una saturación que afecta tanto el patrimonio arquitectónico como la identidad visual de las ciudades.
