Los vecinos del San Vicente Bajo, en El Carmen, cuyos terrenos fueron expropiados por la construcción del embalse Zapallar están solicitando avances en los compromisos acordados en el proceso de expropiación y bonos compensatorios.
La megaobra de infraestructura hídrica y multipropósito, ubicada El Carmen, Pinto y San Ignacio, se encuentra en las primeras fases de construcción tras el hito de la primera tronadura en agosto pasado, marcando el arranque de los trabajos en terreno a cargo de la empresa China International Water & Electric Corporation (CWE).
La marcha del proyecto, impulsado por la dirección de Obras Hidraúlicas del Ministerio de Obras Públicas, no ha estado exento de controversia. A los recursos y reclamaciones dirigidas a revocar la Resolución de Calificación Ambiental ante el Tribunal Ambiental, por parte de grupos ambientales, ahora se suman cuestionamientos al proceso de indemnización por los terrenos afectadas por la obra, acusando lentitud en los pagos comprometidos y disconformidad en los procedimientos de tasación y evaluación productiva.
La vocera y habitante del sector San Vicente Bajo, Yoselyn Saavedra, informó que son aproximadamente 40 las familias que viven en vilo, ya que los terrenos, en su mayoría expropiados en forma parcial, han dejado de producir al ritmo original dado el inicio de las faenas, por lo que los ingresos han caído de forma considerable.
“Todo esto es fuerte porque, por ejemplo, nosotros llevamos un año ya que no producimos en nuestros campos. Hoy la situación familiar nos ha afectado tremendamente porque dependíamos 100% del campo, cultivábamos para poder subsistir, criábamos ovejas no para vender sino para el consumo diario. Eso ya no lo estamos realizando. O sea, ya estamos prácticamente contra la pared porque no tenemos de dónde poder sacar para poder tener nuestro sustento básico. Apoyo acá no llega a ninguno. Una que no nos han pagado nuestras tierras, otra que no nos pagan los beneficios que vienen, tampoco podemos acceder capacitaciones, pero los que andan en terreno dicen que no son capacitaciones, son solo asesorías. Nadie vive de asesorías”, manifestó.
Por esta razón, los afectados ha presionado a los mandantes del proyecto a agilizar los pagos de los montos determinados y recibir el apoyo técnico.
“Que se paguen las indemnizaciones y los bonos y que se cumpla la RCA como corresponde, que se concreten las capacitaciones para reconversión turística-agrícola o cualquier actividad económica que la gente quiera emprender, porque, por ejemplo, hicieron una charla de Sercotec y nos dijeron que este proyecto no trae recursos para orientar a la gente. Nosotros que estamos haciendo un sacrificio entregando nuestras tierras para que otros sean beneficiados y tenemos que entrar a la misma tómbola que entran todas las personas que se quieren beneficiar. Que nos den un poco de prioridad, tampoco estamos pidiendo que nos regalen todo”, expresó.
Otro de los puntos que genera preocupación entre los afectados es el procedimiento utilizado para determinar el valor de los terrenos expropiados. Según la vocera, las primeras tasaciones se habrían realizado mediante registros con drones, sin que los propietarios tuvieran la posibilidad de mostrar las características y condiciones productivas de sus predios, lo que según plantearon, habría marcado una diferencia.
“Los procesos de tasaciones se hicieron totalmente arbitrarios. Los primeros lotes se tasaron con drones, no se les dio la opción a los propietarios de poder mostrar sus lotes, porque supuestamente en esa oportunidad las autoridades que teníamos siempre dijeron que la comunidad estaba totalmente en contra del proyecto, lo que solamente perjudicó a los expropiados dándole un valor mucho menor a su terreno. No fueron valorizados con todo lo que había”, comentó.
También cuestionó que no se habría concretado las evaluaciones sociales que, según indicó, estaban contempladas para determinar el impacto de la mega construcción en las actividades productivas y las compensaciones.
“La consultora tenía que hacer un trabajo para ver cuántos animales habían, lo que se producía en los terrenos, traer asistente social, psicóloga, ayuda jurídica, toda esa ayuda que el Estado tenía que brindarle a la comunidad. Nada de eso se realizó. La consultora supuestamente tenían que ver qué era lo que producía el terreno, para poder ver dónde se dejaban los animales cuando entrara la constructora, para poder resguardar a estos. Y como eso no se realizó, hoy tenemos a la constructora trabajando con los animales al lado”, criticó.
Bonos en diciembre
Consultado por los cuestionamientos de los vecinos, desde el MOP aseguraron que están trabajando de manera permanente en estas materias, a través de sus equipos técnicos y consultorías especializadas.
“En el ámbito de las expropiaciones, se ha iniciado un trabajo de asistencia, asesoría y apoyo directo a las familias que lo requieran, para atender sus consultas y abordar las dificultades que puedan presentarse durante la tramitación”, indicaron.
Respecto de la valoración de los terrenos, aseguraron que “las tasaciones son realizadas por comisiones de peritos técnicos independientes, conforme a la normativa vigente y sobre la base del valor comercial de los predios. Sabemos que esta materia es especialmente sensible para los propietarios, por lo que estamos reforzando la información y el acompañamiento durante el proceso”
En cuanto a los bonos previstos para las familias del sector, “estamos desarrollando el trabajo técnico y los procedimientos administrativos necesarios para iniciar su entrega a partir de diciembre, sujeto a la conclusión de estas gestiones. Sus avances serán informados oportunamente a las personas vinculadas al proyecto”.
Finalmente afirmaron un compromiso de mantener una presencia activa en el territorio, escuchar las inquietudes y dar seguimiento a cada una de las situaciones planteadas.
“Estamos trabajando para que el desarrollo del Embalse Zapallar avance junto con la atención y el acompañamiento que las familias necesitan”, aseguraron
