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Veintiún ex dirigentes socialistas de Andalucía acusados de corrupción en este histórico feudo del PSOE aguardan el martes su sentencia, justo cuando el líder del socialismo español, Pedro Sánchez, negocia arduamente para ser investido presidente del gobierno.
Los veintiuno están citados a mediodía (11H00 GMT) en un tribunal de Sevilla para conocer su suerte, en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España moderna: el presunto reparto opaco de cientos de millones de euros de dinero público, procedentes de un fondo de ayuda para desempleados.
Los hechos se prolongaron una década, en el que hasta recientemente, y durante 36 años, fue el feudo más importante del socialismo español. Tanto la derecha del Partido Popular como la izquierda radical de Podemos calificaron esto de táctica “clientelista” para mantener Andalucía bajo control socialista.
El juicio oral, iniciado en Sevilla en diciembre de 2017, duró un año entero, y en el banquillo de los acusados se sentaron Manuel Chaves, dirigente histórico socialista y presidente andaluz de 1990 a 2009, y su sucesor José Antonio Griñán (2009-2013).
La fiscalía anticorrupción pide contra el primero 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, por prevaricación, y seis años de cárcel y 30 de inhabilitación contra Griñán por prevaricación y malversación de caudales.
El meollo está en el manejo de un fondo público dotado de 854 millones de euros entre 2000 y 2010, y destinado a financiar el coste de despidos colectivos de trabajadores por parte de empresas en dificultades, en los llamados Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).
La fiscalía cifra el presunto fraude en hasta 741 millones de euros, y según argumentó, las ayudas se concedieron sin la debida publicidad ni “el más mínimo mecanismo de comprobación” del perfil de los beneficiarios.
El resultado es que recibieron subvenciones públicas personas por completo ajenas a las empresas en quiebra, se efectuaron pagos sin “objeto concreto” -incluyendo comisiones irregulares a mediadores-, y se vieron lesionados los intereses de otros trabajadores afectados por la crisis, que quedaron así “privados de su derecho a acceder a estas ayudas”.
Durante el juicio oral, tanto Griñán – consejero de Hacienda del gobierno andaluz entre 2004 y 2009- como Chaves afirmaron que a ellos no les tocaba fiscalizar el gasto.
