La estrechez en el abastecimiento de pellet que se está registrando en Chillán y en otras ciudades del centro-sur del país debe ser tomada con seriedad por las autoridades. No porque necesariamente estemos frente a un desabastecimiento generalizado, como ha precisado la autoridad energética, sino porque resulta difícil entender que, en pleno agosto y cuando todavía quedan al menos dos meses de temperaturas invernales, los consumidores deban recorrer distintos puntos de venta para conseguir un combustible que durante los últimos años ha sido promovido por el propio Ejecutivo como una alternativa más limpia para calefaccionar los hogares.
El problema, por tanto, no es solamente si hoy existe o no stock suficiente. La discusión de fondo es bastante más relevante: ¿qué tan preparada está una política pública cuando depende de que el mercado sea capaz de garantizar oportunamente el combustible que esa misma política ha incentivado a utilizar?
La situación actual tiene una explicación. La industria del pellet presenta una marcada estacionalidad: la producción se concentra principalmente durante el verano, mientras el consumo se dispara entre marzo y septiembre. Este año, además, las bajas temperaturas han presionado con fuerza la demanda y han generado dificultades logísticas en algunos puntos. Desde la Asociación Chilena de Biomasa se ha planteado que la industria está realizando esfuerzos adicionales para responder a este aumento.
También es cierto que el Ministerio de Energía monitorea el comportamiento del mercado y que, según los antecedentes entregados por las empresas al 31 de julio, existirían existencias y capacidad de producción suficientes para cubrir el consumo estimado de este invierno. El llamado a comprar responsablemente y evitar el acaparamiento es razonable.
Pero eso no debiera cerrar la discusión. La política de recambio de calefactores impulsada en el marco del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Chillán y Chillán Viejo ha promovido durante años alternativas menos contaminantes a la leña. Miles de familias han optado por estufas a pellet con apoyo de programas públicos, precisamente porque se les presentó esta tecnología como una alternativa conveniente, eficiente y ambientalmente más favorable.
Por ello, no basta con entregar o subsidiar un equipo. Una política pública de esta naturaleza debe considerar toda la cadena: disponibilidad de materia prima, capacidad instalada, producción, almacenamiento, transporte, distribución y acceso oportuno de las familias al combustible. De lo contrario, existe el riesgo de que una política diseñada para mejorar la calidad del aire termine generando incertidumbre o incluso empujando a algunos usuarios nuevamente hacia la leña cuando no encuentren pellet disponible.
La propia industria reconoce que se trata de un mercado en expansión. Durante 2025 se produjeron más de 250 mil toneladas y la demanda continúa creciendo. Ñuble, además, dispone de materia prima y cuenta con productores locales, aunque su capacidad agregada todavía no alcanza para satisfacer la demanda regional.
Ahí existe una oportunidad que las autoridades deberían mirar con mayor atención. Si el pellet es parte de la estrategia de descontaminación de Ñuble, resulta lógico evaluar incentivos para aumentar la producción local, fortalecer la infraestructura de almacenamiento y distribución y generar mecanismos de información que permitan anticipar eventuales estrecheces antes de que lleguen al consumidor.
