La decisión del Gobierno de impulsar una reforma estructural al Estatuto Administrativo reactivó uno de los debates más sensibles del empleo público: el fin del actual sistema de tres tipos de contratación y el tránsito hacia un régimen único para los funcionarios del Estado.
La iniciativa, anunciada por el Ministerio de Hacienda mediante una comisión transversal, apunta a modernizar un estatuto que rige desde 1989 y que, según el Ejecutivo, ha quedado desfasado frente a las necesidades de una administración pública más eficiente, meritocrática y con reglas homogéneas para el ingreso, desarrollo y salida de los trabajadores.
Hoy conviven funcionarios de planta, a contrata y honorarios, con diferencias importantes en estabilidad, carrera funcionaria y mecanismos de desvinculación. La reforma pretende avanzar hacia un solo estatuto, con concursos por mérito, evaluaciones más efectivas y una carrera funcionaria unificada. Para algunos especialistas, ello permitiría corregir distorsiones generadas por el uso permanente de figuras originalmente excepcionales.
En Ñuble, sin embargo, la discusión se observa con cautela. La presidenta regional de la ANEF, Cesiah Contreras, sostuvo que el problema no es modernizar el Estado, sino hacerlo sin participación de los trabajadores y poniendo en riesgo derechos adquiridos. A su juicio, un régimen único no puede traducirse en una flexibilización que termine debilitando la estabilidad funcionaria, especialmente para quienes han desarrollado durante años labores permanentes bajo modalidades precarias.
Modernización versus estabilidad
El debate también llegó al Congreso. El diputado Francisco Crisóstomo (PS) sostuvo que el actual sistema de contratación ha generado una segmentación que termina afectando tanto la gestión pública como las condiciones laborales de miles de funcionarios. A su juicio, una reforma puede ser una oportunidad para fortalecer la carrera funcionaria, pero advirtió que el proceso debe construirse con participación de los trabajadores y con garantías de estabilidad para quienes hoy desempeñan funciones permanentes bajo modalidades transitorias.
La diputada Sara Concha (Partido Cristiano) planteó que el Estado requiere una reforma profunda y que la coexistencia de tres regímenes ha generado inequidades entre funcionarios que realizan tareas similares. No obstante, afirmó que cualquier modificación debe garantizar igualdad de condiciones, transparencia en los concursos y protección para quienes ya forman parte de la administración pública.
Desde Chile Vamos, el diputado Cristóbal Martínez (UDI) resaltó que el Gobierno abra una discusión que, según dijo, ha sido postergada durante décadas. A su juicio, la existencia de miles de funcionarios a contrata y honorarios evidencia que el sistema actual no entrega certezas ni al Estado ni a los trabajadores, por lo que avanzar hacia un estatuto único puede fortalecer la carrera funcionaria si se basa en el mérito y el desempeño
