Polémica generaron las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien afirmó que información de inteligencia estadounidense vincula el estallido social de octubre de 2019 con organizaciones y activistas de izquierda.
En entrevista con CNN Chile, el diplomático sostuvo que la información recopilada por fuerzas policiales y agencias de inteligencia permitiría establecer desde qué sector ideológico se originaron las manifestaciones. Consultado específicamente por el estallido social chileno, aseguró que “lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.
Judd argumentó que la mayoría de los manifestantes estaban alineados ideológicamente con la izquierda y que, tanto en Chile como en Estados Unidos, las protestas provienen mayoritariamente de instituciones o sectores vinculados con esa corriente política.
Sus declaraciones provocaron una reacción inmediata del Gobierno, que citó al embajador a una reunión para solicitar antecedentes que respalden sus afirmaciones. Desde el Ejecutivo señalaron que consideran de “máxima importancia” cualquier información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese período y que permita ponerla a disposición de las instancias correspondientes para determinar responsabilidades por los actos de violencia.
Desde Renovación Nacional, su secretaria general, Katherine Martorell, también valoró la posibilidad de contar con esos antecedentes, pero enfatizó que deben ser entregados formalmente a las autoridades. “Si es que existe”, señaló, dicha información debe ser presentada y no limitarse a declaraciones públicas, ya que ello podría contribuir a generar mayor inestabilidad.
Una mirada diferente planteó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien desde el Palacio de Cerro Castillo cuestionó la interpretación basada exclusivamente en la acción de organizaciones políticas.
Poduje recordó sus investigaciones para el libro Siete Kabezas: crónica urbana del estallido social, publicado en 2020, y sostuvo que sus conclusiones apuntan a que la violencia registrada durante ese período respondió principalmente a factores como la segregación urbana, la ausencia del Estado en determinados barrios y la expansión de dinámicas delictivas y anárquicas.
