Señor Director:
La derogación de las circulares N° 781, 782 y 202 del Ministerio de Educación, orientadas a la inclusión y convivencia escolar, constituye un claro retroceso en la protección de los derechos de las comunidades LGBT+ dentro del sistema educativo.
Estas normas establecían mínimos indispensables para prevenir la discriminación y resguardar la dignidad de estudiantes de la diversidad sexual. Su eliminación debilita lo dispuesto en la Ley Zamudio y contradice el principio de progresividad en derechos humanos, a días de la entrada en vigencia de la ley 21.809, la cual desde una perspectiva de derechos humanos, puede considerarse insuficiente en términos de reconocimiento explícito a esta comunidad.
Retroceder en inclusión no es neutral: expone nuevamente a estudiantes LGBT+ a contextos de exclusión y violencia. Si aspiramos a establecimientos educacionales seguros, deben serlo especialmente para los grupos históricamente vulnerables.
Alen Alegría Vásquez
Abogado
