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El ajuste que amenaza con profundizar la precariedad de Ñuble: incertidumbre por despidos masivos en el Estado

Foto con IA

El calendario tiene una fecha marcada en rojo para buena parte de los trabajadores del Estado.

El próximo 30 de noviembre, cuando los organismos públicos deben comunicar a sus funcionarios a contrata si continuarán desempeñándose durante 2027, podría convertirse en una de las jornadas más complejas de los últimos años para el empleo público.

La advertencia no surge únicamente de la inquietud de las asociaciones de funcionarios. El escenario de ajuste fiscal que impulsa el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como uno de sus principales impulsores, ha instalado la expectativa de una reducción de personal en distintos servicios, en un proceso que todavía debe materializarse a través de decisiones presupuestarias y administrativas.

El cientista político y socio director de Factor Crítico, Danilo Herrera, anticipó hace unos meses en El Mostrador que el proceso de renovación de contratas podría derivar en una salida considerable de trabajadores, considerando tanto la práctica habitual de los primeros años de una nueva administración, como la presión adicional que supone el ajuste del gasto público.

“El 30 de noviembre se le avisa a las personas a contrata en el Estado si continúan en el próximo año. Pasa en los primeros años de gobierno que hay muchos despidos de contrata en el primer año, en general, y aquí yo supongo que con el recorte fiscal, con lo prometido por Jorge Quiroz, va a haber una ola de despidos el 30 de noviembre”, afirmó.

Su proyección apunta a un fenómeno que podría superar las desvinculaciones propias de un cambio de administración. A su juicio, la necesidad de contener el gasto, junto con la decisión de privilegiar determinadas áreas de inversión y funcionamiento, obligará al Ejecutivo a definir dónde concentrará los recursos y, por contrapartida, qué organismos deberán absorber las reducciones.

“¿A quién se lo van a bajar? Porque a alguien se lo tienen que bajar”, planteó Herrera, poniendo el acento en la distribución del ajuste más que en su cifra global.

El analista mencionó entre los sectores que podrían enfrentar mayores restricciones a Cultura y Medio Ambiente, aunque advirtió que la discusión no se limita a los ministerios. Los servicios públicos dependientes de las distintas carteras también permanecen a la espera de conocer el impacto que tendrán sobre sus equipos de trabajo el Presupuesto 2027.

“Todos los servicios hoy día están en alerta, y van a seguir en alerta”, sostuvo.

Preocupación aterriza en Ñuble

En la Región de Ñuble, la discusión tiene un componente adicional que vuelve especialmente delicado cualquier eventual recorte. El territorio enfrenta la mayor tasa de desocupación del país y, paralelamente, presenta la menor proporción de dotación de funcionarios públicos, una combinación que deja a la región en una posición particularmente vulnerable frente a una política de reducción de personal.

No se trata solamente de cuántos trabajadores podrían perder sus puestos a partir de diciembre. También está en juego una brecha histórica que, según la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Ñuble, supera los 300 funcionarios respecto de la dotación que debió incorporarse cuando se concretó la creación de la región.

La presidenta regional de la organización, Cesiah Contreras, sostuvo que la administración pública local nunca alcanzó los equipos mínimos necesarios para responder a las responsabilidades que significó la nueva división territorial. Una carencia que, lejos de corregirse, se habría profundizado con el paso de los años debido a desvinculaciones, retiros voluntarios, traslados y cargos que no han sido repuestos.

“Para nosotros es fundamental que las autoridades de gobierno y directores de servicios tengan muy presente que a Ñuble jamás se le incorporó las dotaciones mínimas necesarias para poder desempeñarse como región. Hoy contamos con un déficit de más de 300 funcionarios que debieron ser incorporados al momento de crearnos como región”, afirmó.

La dirigenta planteó que la insuficiencia de personal no es una dificultad administrativa aislada. Tiene consecuencias en la capacidad de los servicios para desplegar políticas públicas en las 21 comunas, responder a las demandas ciudadanas y mantener una atención oportuna en ámbitos que van desde la salud y la vivienda hasta la protección social.

La paradoja es evidente: mientras la región necesita fortalecer su estructura pública para acercarse a los estándares de funcionamiento de otros territorios, el escenario nacional apunta a contener el gasto y reducir las disponibilidades de personal. En una zona donde el empleo privado tampoco ofrece suficientes alternativas, una eventual salida de trabajadores estatales podría agregar presión a un mercado laboral que ya presenta resultados desfavorables.

Desde ANEF Ñuble aseguraron que la preocupación no es solamente preventiva. Contreras afirmó que han recibido antecedentes sobre eventuales listas de desvinculaciones en distintos organismos y advirtió que existirían criterios de carácter político detrás de algunas decisiones.

“Tenemos antecedentes respecto de cuoteos políticos por ministerios que apuntan a despedir funcionarios públicos sin fundamentos objetivos para incorporar personal por afinidades y favores políticos”, denunció.

Entre los servicios que, según la dirigenta, aparecen mencionados en los antecedentes que manejan se encuentran las seremis de Salud, Vivienda y Medio Ambiente; Vialidad, el Servicio Nacional de la Mujer, Junji y el Ministerio de Desarrollo Social. También informó que en Salud ya se habría notificado una desvinculación.

La ANEF cuestionó que trabajadores con experiencia y trayectoria, varios de ellos incorporados mediante concursos públicos y con evaluaciones satisfactorias, puedan quedar fuera de sus puestos por decisiones que no respondan a criterios objetivos. En ese contexto, Contreras también expresó su rechazo a las advertencias que, según indicó, algunos seremis habrían transmitido a sus equipos sobre supuestas instrucciones nacionales de despidos masivos.

La organización sostuvo que ese tipo de mensajes genera incertidumbre y afecta el ambiente laboral, especialmente cuando todavía no existe una comunicación formal sobre la continuidad de cada trabajador.

Vivienda anticipa reducción del 10%

Uno de los casos que permite dimensionar la preocupación en los servicios regionales es el de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. La asociación de funcionarios de esa repartición, que reúne a una parte importante de su dotación, aseguró que ya recibió información de la autoridad regional respecto de desvinculaciones para el próximo año.

De acuerdo con el gremio, la estimación entregada contempla la salida de aproximadamente un 10% de los trabajadores del servicio, una cifra que encendió las alertas, por sus efectos tanto laborales como operativos.

La asociación advirtió que la medida se contrapondría a los acuerdos alcanzados a nivel nacional con la federación de trabajadores del sector Vivienda, en los que se habría comprometido resguardar la estabilidad de quienes presentan un buen desempeño.

Según explicaron, los funcionarios que podrían verse afectados cuentan con calificaciones correspondientes a las listas 1 y 2, por lo que consideran que no existen antecedentes de desempeño que justifiquen su desvinculación.

El cuestionamiento también apunta a las consecuencias que tendría la reducción de personal sobre el funcionamiento cotidiano de la repartición. Menos trabajadores significaría distribuir las mismas responsabilidades entre equipos más pequeños, aumentando las cargas laborales y dificultando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

“Esta situación se contradice con los acuerdos firmados a nivel nacional con la Federación de trabajadores del sector de vivienda de la cual somos parte, en donde se señala que las autoridades asegurarían la estabilidad laboral de funcionarios de buen desempeño”, manifestaron.

El gremio agregó que las dificultades de Vivienda en Ñuble no se reducen a la cantidad de funcionarios. También existen brechas de infraestructura y condiciones materiales que, a su juicio, ya afectan el desempeño de los equipos. Por ello, consideran contradictorio que, mientras se requiere ampliar la capacidad de respuesta del servicio, se proyecte disminuir su dotación.

“Criterios objetivos”

La postura de los gremios fue planteada directamente al delegado presidencial regional, Diego Sepúlveda.

Cesiah Contreras indicó que el pasado lunes 16 de noviembre, la directiva de ANEF Ñuble le reiteró la necesidad de resguardar las renovaciones y abordar la brecha de dotación que arrastra el territorio.

En esa reunión, la organización solicitó reactivar la mesa de trabajo entre ANEF y el Gobierno Regional, instancia que consideran necesaria para discutir las necesidades de personal y establecer compromisos que permitan fortalecer los equipos de la administración pública.

Consultado por el escenario de las renovaciones, el delegado presidencial regional, Diego Sepúlveda, sostuvo que las decisiones sobre personal deben responder a criterios institucionales y no a consideraciones ajenas al funcionamiento de los servicios.

“Como Gobierno, estamos comprometidos con un Estado eficiente, responsable y al servicio de las personas. Las decisiones en materia de personal deben responder a criterios objetivos, considerando el desempeño y las necesidades de cada servicio, siempre dentro del marco legal”, precisó.

La autoridad corroboró que ya sostuvo una reunión con la directiva regional de ANEF, en la que abordaron las inquietudes de los funcionarios y el funcionamiento de la administración pública en la región.

“En Ñuble ya sostuvimos una reunión con la directiva regional de ANEF, reafirmando nuestro compromiso con el diálogo, el respeto institucional y el buen funcionamiento del Estado”, indicó.

La respuesta del delegado fijó el criterio que el Ejecutivo asegura que aplicará en el proceso, pero no precisó cuántas desvinculaciones podrían concretarse en los servicios regionales, ni cuáles serán las reparticiones que eventualmente deberán ajustar sus equipos.

Horas docentes excedentes

La situación de los docentes es similar, pero con sus particularidades.

A diferencia de los funcionarios a contrata de la administración pública, la comunicación de una eventual no renovación de las horas de profesores contratados debe realizarse con un mes de anticipación, por lo que el plazo legal para informar esas decisiones llega hasta enero.

La inquietud se relaciona con los anuncios de la Dirección de Presupuestos sobre la existencia de 83 mil horas docentes excedentes en el país, equivalentes a cerca de 1.900 profesores, además de las orientaciones entregadas a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) respecto de las horas máximas autorizadas.

Sin embargo, el presidente regional del Colegio de Profesores, Manuel Chávez, cuestionó que esa estimación represente adecuadamente la realidad de los establecimientos educacionales. Según explicó, el cálculo considera principalmente las horas asociadas al plan de estudios, sin incorporar otras responsabilidades que forman parte del trabajo docente, como coordinaciones, talleres extraprogramáticos y funciones técnico-pedagógicas.

El dirigente resaltó, además, que durante la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027 se alcanzara un acuerdo que evitó establecer como obligatoria la aplicación de los recortes de horas y permitió considerar las particularidades de cada establecimiento y una eventual implementación gradual.

En Ñuble, Chávez afirmó que el gremio ha conversado con los directores ejecutivos de los SLEP Punilla Cordillera y Valle Diguillín y que, hasta ahora, no existirían antecedentes que justifiquen una reducción de la magnitud que temen algunos docentes.

De todas maneras, el Colegio de Profesores advirtió que la disminución de matrícula asociada a los cambios demográficos no puede convertirse automáticamente en un argumento para aumentar el número de estudiantes por sala o sacrificar apoyos pedagógicos.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que para optimizar los recursos económicos o la inversión financiera se tenga que sacrificar el componente pedagógico”, sostuvo Chávez.

El dirigente espera que, si existen ajustes en las cargas horarias de los docentes a contrata, estos se comuniquen durante diciembre, cuando los establecimientos elaboran su planificación anual, y no a última hora de enero. Así, los trabajadores tendrían mayor margen para buscar alternativas laborale

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