El concejal de Chillán, Yerson Soto, presidente de la Comisión Seguridad, fue uno de los cinco votos de rechazo ante una propuesta de ordenanza municipal que buscaba que la Inspección Municipal pudiese actuar de manera preventiva y coercitiva ante el consumo de alcohol y de drogas en espacios de uso público.
“Pero el rechazo fue, más que nada, por un tema de redundancia, ya que esas conductas están penalizadas en la Ley 20 mil y en la Ley 19.951”, comentó el edil, añadiendo otro punto.
“La Inspección Municipal no está facultada para hacer lo que la ordenanza propone. Para eso está Carabineros, pero el problema es que cuando los inspectores les avisan que hay gente consumiendo en la plaza, ellos -que están a dos cuadras- no vienen. O sea, el que tiene que barrer, no está barriendo”.
La propuesta de ordenanza, impulsada por la concejal Débora Fernández, buscaba que el municipio actuara en momentos que, circunstancialmente, no se contara con Carabineros.
El documento, enviado para revisión por el alcalde Camilo Benavente, el pasado 23 de julio, fue sometido a votación la semana pasada y “fue largamente debatido en la comisión, lo que pasa es que ya hay otras ordenanzas y leyes que regulan lo que quería pretendía esta ordenanza municipal”, insistió por su parte el concejal Iván Badilla.
Complemento, no reemplazo
Entendiendo que el contexto de la iniciativa tiene como base las constantes denuncias de vecinos y funcionarios municipales, respecto al consumo de alcohol y drogas en lugares tan sensibles como las plazas del centro de la ciudad o los parques de los barrios residenciales, consiguió los votos de la propia autora de la propuesta, más la de los ediles Rodrigo Ramírez y Yanina Contreras.
La intención original era dar respuesta a los vecinos que “solicitan poder tener mayor seguridad en estos espacios, como las plazas o el Paseo La Merced”, comentó Débora Fernández.
Por lo demás, la concejala advierte que, sin buscar “reemplazar la función policial, sino complementarla”, agrega que se contemplaba una carta de infracciones adicionales a lo que ya aplica la ley.
“Quien no respetaba los lugares públicos, a través de estas conductas se arriesgaban a multas que iban desde 1 a 5 UTM, aplicable por el Juzgado de Policía Local.
Respecto a las críticas de Soto a Carabineros, Ramírez apunta que “ellos ya tienen demasiadas responsabilidades en toda la comuna, como para seguir endosándoles todo”, por lo que votó a favor ya que “considero que la Municipalidad puede colaborar en esas responsabilidades, especialmente, cuando se trata de proteger los espacios públicos que les pertenecen a todos los chillanejos”.
Finalmente, el jefe comunal reconoció lamentar la decisión del concejo ante esta propuesta.
“Me parece que era una ordenanza interesante, porque facilitaba la coordinación entre seguridad municipal y carabineros. De igual forma, nos permitía disponer señalética y otros elementos de persuasión para que en su conjunto generaran una mayor seguridad y efectividad en el control del consumo de alcohol y drogas en espacios públicos”.
Cifras de Carabineros muestran que hasta el inicio del mes de agosto de este año, han debido intervenir ante un total de 570 denuncias por consumo de alcohol y drogas, en la vía pública
