El complejo proceso que enfrentó el Gobierno para reunir los votos que permitieron aprobar casi en su totalidad la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico volvió a instalar una discusión que había quedado relegada en La Moneda: la necesidad de una reforma política que reduzca la fragmentación del Congreso y facilite la construcción de mayorías.
La negociación desplegada por los ministros Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García Ruminot con bancadas del PDG, la DC, el PPD, la FRVS, libertarios e independientes evidenció el costo de gobernar en un Parlamento atomizado. Esa experiencia fortaleció las presiones para que el Ejecutivo reactive el proyecto impulsado durante la gestión del exministro Álvaro Elizalde, actualmente detenido en una Comisión Mixta que aún no se constituye.
La iniciativa busca fortalecer los partidos, elevar las exigencias para su constitución y financiamiento, robustecer los comités parlamentarios y endurecer los requisitos para las candidaturas independientes. Aunque el proyecto ha recibido respaldo transversal, desde el Partido Comunista hasta Republicanos, el Gobierno no le ha otorgado urgencia.
En Ñuble, los diputados coinciden en que el debate debe retomarse, pero introducen un matiz relevante: la reforma política es importante, aunque no puede desconectarse de las demandas ciudadanas más urgentes.
El diputado independiente-DC, Felipe Camaño, sostuvo que la fragmentación ha dificultado que el Congreso entregue resultados concretos. A su juicio, el país requiere acuerdos amplios, pero concentrados en materias como seguridad, empleo y costo de la vida. Su planteamiento apunta a que cualquier reforma institucional debe traducirse en una política más eficaz y menos centrada en disputas internas.
Gobernabilidad y representación
Desde el oficialismo, el diputado Cristóbal Martínez (UDI) considera que existe voluntad para avanzar en cambios al sistema político y que la experiencia de la Ley Miscelánea demostró que el actual diseño dificulta los acuerdos. En su opinión, el aumento del número de parlamentarios no mejoró la representación y sí profundizó la fragmentación, por lo que una eventual reducción del número de diputados debería formar parte de la discusión.
Una mirada similar expresó el diputado Carlos Chandía (RN), quien planteó que el país necesita un sistema político orientado a la estabilidad y los grandes acuerdos. Para el parlamentario, el Ejecutivo tiene la facultad de definir sus prioridades legislativas, pero estima que reducir la fragmentación es una condición para recuperar la capacidad de entendimiento que caracterizó etapas anteriores de la política chilena.
La posición del diputado Francisco Crisóstomo (PS) introduce un contrapunto. Si bien se declara disponible para discutir una reforma política, advierte que los cambios deben surgir de un amplio acuerdo y evitar que el objetivo de fortalecer la gobernabilidad termine debilitando el pluralismo o la representación democrática.
Esa diferencia refleja uno de los principales desafíos del debate. Existe un diagnóstico relativamente compartido sobre los problemas que genera la dispersión de fuerzas políticas, pero no hay consenso respecto de los mecanismos para corregirla.
Reducir el número de parlamentarios, establecer umbrales electorales, fortalecer los partidos o limitar las candidaturas independientes son fórmulas que generan distintos niveles de respaldo.
La discusión adquiere mayor relevancia porque el proyecto de umbral electoral, aprobado por el Senado, también permanece congelado en la Cámara. Así, las dos principales iniciativas destinadas a enfrentar la fragmentación siguen esperando una decisión política para avanzar.
La paradoja es evidente. Mientras el Gobierno debió negociar voto a voto para sacar adelante su principal proyecto económico, las reformas orientadas a evitar que ese escenario se repita continúan sin urgencia. La experiencia de la Ley Miscelánea transformó un problema estructural en una dificultad práctica de gobernabilidad, y eso explica que incluso sectores que antes consideraban secundaria esta agenda hoy comiencen a verla como una condición para gobernar con mayor estabilidad.
