La discusión sobre transparencia y probidad volvió a instalarse en el debate político, luego que el diputado por Ñuble, Francisco Crisóstomo (PS), ingresara oficios de fiscalización dirigidos a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Obras Públicas, Martín Arrau, solicitando antecedentes sobre eventuales conflictos de interés y medidas adoptadas para resguardar el cumplimiento del deber de abstención.
La acción parlamentaria se enmarca en las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados y apunta a despejar dudas respecto de actividades profesionales, patrimoniales o empresariales previas de ambas autoridades, en áreas que hoy están bajo su supervisión desde el Ejecutivo.
En el caso del ministro de Hacienda, Crisóstomo pidió información sobre asesorías tributarias realizadas antes de asumir el cargo, eventuales reuniones con el Servicio de Impuestos Internos y operaciones societarias vinculadas a su actividad profesional durante los últimos años.
“El país necesita señales claras de transparencia. Cuando una autoridad ha tenido vínculos profesionales o económicos con sectores que hoy puede regular o supervisar desde el Estado, corresponde despejar cualquier duda y actuar con total claridad frente a la ciudadanía”, sostuvo el parlamentario.
Respecto del ministro Arrau, el oficio solicita antecedentes sobre actividades económicas, propiedades o vínculos empresariales en la Región de Ñuble, además de un detalle de los viajes realizados a la zona en calidad de autoridad, incluyendo uso de vehículos fiscales, viáticos y funcionarios involucrados.
Declaración de intereses
La presentación revive la controversia surgida a fines de abril tras la publicación de la primera Declaración de Intereses y Patrimonio del titular del MOP. En ella, Arrau informó su participación de 50,09% en la empresa Picton Explotación Agrícola SpA, dedicada a la producción de semillas, además de propiedades en Chillán y San Carlos.
El debate político se abrió luego que trascendiera que la sociedad mantiene derechos de aprovechamiento de aguas inscritos ante la Dirección General de Aguas (DGA), organismo dependiente del propio ministerio. Desde sectores de oposición surgieron entonces llamados a que la autoridad se abstuviera de participar en decisiones relacionadas con recursos hídricos o el proyecto Embalse Punilla.
Consultado en ese momento por La Discusión, Arrau defendió la legalidad de su declaración patrimonial y explicó que los derechos de agua pertenecen a una sociedad debidamente informada en su declaración.
“Está realizada conforme a la ley y a los estándares exigidos para el cargo. Al día de hoy no soy titular de derechos de aprovechamiento de aguas como persona natural; estos pertenecen a una sociedad por acciones debidamente declarada en la DIP”, afirmó.
El ministro agregó además que adoptó una decisión preventiva respecto de eventuales cuestionamientos.
“Me he inhabilitado voluntariamente de cualquier participación o toma de decisiones en materias vinculadas con el Embalse Punilla”, informó, precisando que esos temas quedaron radicados en la subsecretaría de la cartera.
Para Crisóstomo, sin embargo, resulta relevante que las autoridades transparenten oportunamente cualquier vínculo que pudiera generar dudas sobre imparcialidad.
“El deber de abstención no es opcional ni una mera formalidad administrativa. La ley establece estándares estrictos de probidad precisamente para proteger la confianza pública”, afirmó.
