Al igual que los ministros y funcionarios públicos, y en medio del plazo vigente para las autoridades, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau García-Huidobro, presentó su primera Declaración de Intereses y Patrimonio tras asumir el cargo en marzo de 2026, documento en el que detalla su situación financiera, bienes y vínculos previos.
Según el informe, el secretario de Estado, ingeniero civil de profesión, declaró dos propiedades en la Región de Ñuble, ambas en régimen de copropiedad con un 50%. La primera corresponde a un inmueble en Chillán, avaluado en más de $523 millones, mientras que la segunda se ubica en la comuna de San Carlos, con un avalúo cercano a los $256 millones. El primero de estos bienes mantiene una hipoteca vigente.
En cuanto a su participación en sociedades, Arrau informó poseer el 50,09% de la empresa Picton Explotación Agrícola SpA, dedicada a la producción de semillas, con un valor declarado superior a los $4.253 millones. No registra participación en entidades en el extranjero ni instrumentos financieros transables.
Respecto a bienes muebles, el ministro no declaró vehículos, aeronaves ni otro tipo de activos registrables. Tampoco informó deudas superiores a 100 UTM ni otras fuentes de conflicto de interés.
En el apartado de actividades, se consigna que durante los últimos 12 meses se desempeñó como vicepresidente del Partido Republicano, vínculo que forma parte de su trayectoria previa a asumir funciones en el Ejecutivo.
La declaración fue ingresada el 10 de abril de 2026 ante la Contraloría General de la República, en cumplimiento de la normativa vigente que exige transparencia a las autoridades públicas.
Polémica por derechos de agua
Del patrimonio declarado por el titular de Obras Públicas, generó reacciones políticas la participación que registra en la empresa Picton Explotación Agrícola SpA, debido a que ésta mantiene inscritos derechos de agua consuntivos (aquellos que no se restituyen una vez utilizados) según consta en el listado de derechos concedidos para la XVI Región de la Dirección General de Aguas (DGA) organismo dependiente de la cartera que él mismo lidera y que no declaró en su declaración de patrimonio.
Desde la oposición apuntaron a un eventual conflicto de intereses y llamaron al ex intendente de Ñuble a abstenerse de participar en decisiones vinculadas a recursos hídricos.
“Según antecedentes de la Dirección General de Aguas (DGA), el ministro Arrau continúa siendo titular de derechos de aprovechamiento en Punilla. Asimismo, su empresa Picton se encuentra tramitando nuevos derechos de agua. Sin embargo, esta información no aparece consignada en su declaración de patrimonio. Esperamos que, a la luz de estos antecedentes, el ministro se abstenga o se inhabilite de participar en decisiones o proyectos vinculados a los recursos hídricos”, afirmó Francisca Bello, diputada del Frente Amplio por el Distrito 6, Región de Valparaíso.
Respuesta del ministro
Consultado por La Discusión, el ministro Martín Arrau sostuvo que su declaración de patrimonio e intereses (“DIP”) “está realizada conforme a la ley y a los estándares exigidos para el cargo. En ese marco, al día de hoy no soy titular de derechos de aprovechamiento de aguas como persona natural; estos pertenecen a una sociedad por acciones debidamente declarada en la DIP”.
El secretario de Estado agregó que “se trata de una declaración como persona natural, sin perjuicio que declaro expresamente la sociedad en la que participo como accionista (en la cual no tengo administración). Los bienes y derechos de dicha sociedad se trata de información accequible por cualquier ciudadano mediante otros registros de carácter público. Dicho esto, y para evitar cualquier duda, he tomado una decisión de manera proactiva y voluntaria: me he inhabilitado voluntariamente de cualquier participación o toma de decisiones en materias vinculadas con el Embalse Punilla, lo que en la práctica se traduce, que materias de embalses están siendo llevadas por el Subsecretario Nicolás Balmaceda”.
Reiteró que “aquí lo importante es dar certezas: actuamos con total apego a la ley, con roles claros y resguardando siempre la transparencia, probidad e interés público”.
