Duras críticas lanzaron los regantes del río Diguillín contra la Dirección General de Aguas (DGA), organismo que el 27 de junio interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema, por la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, del 9 de junio de 2025, que dejó sin efecto la resolución 2320 de la DGA, dictada el 30 de agosto de 2023, en la cual aumentó de manera irregular, de 22,6 a 33 m3/s, los caudales que la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACCZ) puede extraer del río Laja.
“Es insólito”, afirmó Juan Carlos Villagra, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD), organización que reúne a regantes de la Región de Ñuble que utilizan las aguas del canal Laja-Diguillín. Explicó que “el aumento sin justificación de las aguas que puede extraer el Canal Zañartu nos afecta a todos los que estamos aguas abajo del río, no solo a los canalistas, sino que también a los Saltos del Laja, a la generación hidroeléctrica, a los ecosistemas y a todos los usuarios de aguas”. Asimismo, planteó que también se ven perjudicados los esperanzados pequeños agricultores “Blancos” de San Ignacio y Bulnes, que están en vías de poder regar.
El dirigente condenó el actuar de la DGA en este proceso, “al querer insistir en una resolución que es arbitraria e ilegal, algo que ya confirmó la Corte de Apelaciones de Santiago y fue también una de las fundadas conclusiones del informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que fue aprobado por amplia mayoría por la Sala en mayo pasado”.
El conflicto se generó al pretender aumentar los caudales del canal Zañartu para un proyecto hidroeléctrico y no de riego con sus usos históricos, desde entonces, nacen distintas resoluciones administrativas dictadas por la DGA, “las que se contradicen entre sí”, explicó Francisco Saldías, juez de río de la JVRD, quien apuntó a un eventual uso de influencias, en un tema delicado al interior de la DGA, en que toda acción debe ser autorizada solo por el director general.
Saldías subrayó que la resolución de la DGA de agosto de 2023 se dictó “fuera de toda base legal y administrativa, ya que contraviene dictámenes de los tribunales de justicia y de la propia DGA; por eso nos cuesta entender que se insista con una medida de este tipo, que solo busca favorecer en casi 11 m3/s al Canal Zañartu, que preside Patricio Sabag Villalobos”.
El caso se remonta a 2021, cuando la DGA del Biobío, por instrucción de la Corte de Apelaciones de Concepción, ordenó a la ACCZ la inmediata paralización de las extracciones de aguas por sobre los 22,6 m3/s y aplicó una multa de 500 UTM por extracción no autorizada.
La ACCZ presentó un recurso de reconsideración administrativo, que fue rechazado por la DGA en 2022. Posteriormente, interpuso un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que también perdió con sentencia del 9 de junio pasado.
“Lo preocupante y sorprendente es que a pesar de estos contundentes antecedentes, la DGA dictara la Resolución 2320, que aumentó de 22,618 m3/s a 33 m3/s los caudales que puede administrar la ACCZ, estando el caso judicializado, incluso sin tener las obras autorizadas para conducir este mayor caudal, en evidente perjuicio a miles de agricultores de Ñuble y Biobío, entre los cuales se encuentran las 4 mil familias que riegan con aguas del canal Laja-Diguillín y se pierde la esperanza de regar las superficies de los agricultores “Blancos” comprometidas con la obra estatal Laja-Diguillín”, sostuvo Francisco Saldías.
