El curioso caso de los casinos populares, que no solo han invadido el centro de Chillán, es un buen ejemplo de la mala calidad de los legisladores y, por supuesto, de la capacidad del aparato público para hacer cumplir la ley.
El funcionamiento de estos recintos, que ya son parte del paisaje local, constituye infracciones permanentes a varias normativas, partiendo por el hecho que los únicos casinos de juego que pueden operar en el país son los regulados por ley.
Según las autoridades locales, se estima que existen 26 de estos recintos en Chillán, algunos de los cuales funcionan las 24 horas y se reservan el derecho de admisión, sin aportar nada a la comuna, sino que, por el contrario, contribuyendo al deterioro urbano del casco céntrico.
La falta de una adecuada fiscalización ha favorecido su proliferación, pero impide, además, identificar qué otras faltas e ilícitos se cometen al interior de estos casinos populares, por ejemplo, en materia de normas labores, tributarias y sanitarias, sin descartar otras relativas a narcotráfico, comercio sexual y lavado de activos. Por ello es clave abordar este problema con una mirada amplia, que involucre una coordinación permanente del municipio con distintas entidades fiscalizadoras, como el Servicio de Impuestos Internos, la autoridad sanitaria, la Dirección del Trabajo, Carabineros y la PDI.
Ya en el pasado la administración Zarzar intentó sin éxito acabar con estos negocios del centro de Chillán, sin embargo, el cobro de reiteradas multas no cumplió su efecto disuasivo, así como tampoco las publicitadas clausuras de locales, que pocas horas después estaban operando con normalidad. Ello, en el marco de una ofensiva nacional contra esta actividad ilegal, que incluso llegó a tribunales, donde los empresarios de casinos populares argumentaron que el negocio no se basa en los juegos de azar, sino que, en los juegos de destreza, una ficción técnica que les ha permitido obtener patentes y funcionar en una suerte de legalidad.
La actual administración comunal también ha expresado su preocupación por este fenómeno. El alcalde Camilo Benavente, reconoció que se necesitan acciones concretas distintas, ante la constatación de que pese a cursar cerca de 30 partes mensuales, el problema sigue creciendo. En ese sentido, propuso la creación de una comisión de seguridad y contar con una brigada de inspectores focalizada en los casinos populares. De igual forma, los concejales coinciden en la necesidad de reforzar la fiscalización e incluso, implementar medidas especiales, por ejemplo, multar a los clientes de estos locales.
Acabar con un problema tan complejo, que no se ha logrado derrotar en otras ciudades, representa un desafío enorme para el municipio, que por sí solo no puede lograrlo. Por ello es fundamental la coordinación que se pueda generar con las demás entidades fiscalizadoras del Estado y con otros municipios del país, pues para enfrentar este tipo de empresas, que operan de manera organizada en varias ciudades, con espaldas financieras y aparentemente, con redes de protección, se requerirá mucho más que 30 partes mensuales y 50 nuevos inspectores municipales.
