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Tras adjudicarse la licitación de bloques de energía en 2014, El Campesino S.A. (hoy Generadora Metropolitana, cuyos propietarios son AME y la francesa EDF), suscribió un contrato de suministro con una veintena de distribuidoras para comenzar a vender electricidad a partir de enero de este año, la que se iba a generar en la central a gas natural El Campesino, que la firma proyectó en Bulnes y que ya debería tener operativa, pero que por diversas razones, principalmente de tipo medioambiental, ni siquiera ha iniciado las obras.
Previendo esta situación es que El Campesino S.A. adquirió una serie de activos el año pasado a AES Gener, incluyendo las centrales termoeléctricas Renca y Nueva Renca, en Santiago, con el objetivo de contar con la energía convenida en los contratos de suministro de 2014. A esto se sumó, según fuentes de la industria, la firma de un contrato de compra de energía con Enel, para suplir la energía que deben estar entregando.
La situación, sin embargo, ha generado preocupación en el Gobierno. De hecho, en el Ministerio de Energía se evalúa invalidar dichos contratos de suministros, porque no se estarían cumpliendo las condiciones establecidas originalmente, como la generación a partir de gas natural.
El foco de conflicto es que esta sociedad se adjudicó el contrato -a un precio de US$110 por MWh, muy por sobre los valores que se manejan hoy en el sistema-, comprometiéndose a construir una central a gas natural.
En diciembre pasado, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas, ofició a todas las distribuidoras -ya que los contratos son con estas- y les pidió acordar una solución equivalente con la generadora, dejando el contrato en similares condiciones a las originales y “darle al suministrador, al suministro y al contrato una sustentabilidad operativa y económicamente equivalente a la del proyecto original”.
Esto significa que, según la visión de la CNE, la energía a suministrar debe ser en las mismas condiciones que lo propuesto originalmente, es decir, con gas natural.
Impacto en precios
Por otro lado, existe la preocupación por el eventual perjuicio que esta situación tendría en los consumidores.
Hace unos días se informó una nueva alza de las cuentas de luz de 10,5% promedio en el país. Y de ese porcentaje, una parte corresponde precisamente al contrato de El Campesino.
“Del alza de 10,5% observada, 0,6% aproximadamente corresponde a central El Campesino”, aseguró a Pulso José Venegas.
Una de las dudas que surgen en el sector es que el contrato está a un precio muy por sobre los valores actuales de mercado. De hecho, el costo marginal hoy ronda los US$60 por MWh -casi la mitad de la energía comprometida por El Campesino- e incluso en las licitaciones posteriores se llegó a valores por debajo los US$30 por MWh.
El tema fue abordado esta semana por la comisión de Minería y Energía del Senado. Venegas, quien participó de la sesión, explicó que definitivamente “hay algo no del todo bien calzado de que se ofrezca una central y que no esté. No podemos terminar el contrato, no podemos ejecutar el contrato nosotros. El contrato está activo”, manifestó.
Respecto del oficio enviado por la CNE en diciembre, el secretario ejecutivo confirmó que aún no han recibido respuesta.
Este viernes, en tanto, Venegas sostuvo que “nosotros les hemos pedido que nos den todos los antecedentes del caso para ver si la solución que están ofreciendo es equivalente a la solución original, que era haber construido la central, y eso es lo que estamos analizando. Le hemos pedido una serie de antecedentes y ahora estamos esperando que se entreguen, para verificar si esta solución es equivalente económicamente, como seguridad, y si es equivalente, en definitiva, para el interés de los consumidores, que es lo que como CNE nos preocupa”.
La autoridad precisó que “todos los temas asociados al contrato, primero que todo, son bilaterales entre la central y las empresas, y por lo tanto, cualquier decisión sobre el contrato corresponde a ellos tomarla. Nosotros como CNE solo tenemos que precaver que la solución que nos propongan sea la adecuada y velar por los intereses de los consumidores”, concluyó.
