La semana pasada hubo un último intento por parte de algunos abogados defensores del caso “Cuentas Corrientes” para volver a extender el plazo de investigación judicial, pero a un año y diez meses de formalizada la causa, el tribunal rechazó la solicitud y finalmente se cerró la fase indagatoria.
La determinación se tomó en el Juzgado de Garantía de Bulnes, sede penal que por principio de ejecución (la arista de arranque fue la Municipalidad de San Ignacio) sigue siendo el tribunal donde se dirime en primera instancia esta causa que fue encargada a la Fiscalía de Los Lagos, por orden del Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
Hasta este juzgado, además, llegó esta semana la acusación final que presenta el Ministerio Público en contra de los 13 imputados que tiene la investigación desarrollada por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Chillán, lista que es encabezada por el empresario y otrora funcionario de las municipalidades de Chillán y Chillán Viejo, Rodrigo Carmona, a quien se le sindica como el gestor de un mecanismo de defraudación y sobornos para adjudicarse diversos procesos de licitación para la administración de las cuentas corrientes y auditorías financieras de diversos municipios del país.
Penas y comisos solicitados
Para Carmona, quien estuvo como preso preventivo por más de un año, la Fiscalía pide una pena de 22 años de cárcel. Siete, por delitos de estafas reiteradas y otros 15, por cohechos reiterados a funcionarios de las municipalidades de San Ignacio, Ñiquén, Bulnes, Portezuelo (Ñuble) e Hijuelas (Valparaíso).
También se pide el comiso de 11 de sus viviendas, dos estacionamientos, dos vehículos (Toyota 4Runner y un BMW X6) además de dinero en efectivo, computadores y celulares.
El resto de las condenas solicitadas por el Ministerio Público son, por la arista San Ignacio, 12 años para el exalcalde César Figueroa, quien fue formalizado por cohecho, junto a los funcionarios Eduardo Suazo (10 años), Axel Quezada (5) y Krysler Monroy (5).
En cuanto a la arista de Ñiquén se piden penas para el exalcalde Manuel Pino (11 años) por delitos de cohecho y fraude al fisco, y Carlos Fernández (11 años).
Para el axalcalde de Bulnes, Guillermo Yeber, la Fiscalía pide 11 años, por cohecho y fraude al fisco, mientras que para el funcionario Salvador Lavagnino, siete años.
En el caso de Hijuelas, los imputados son el exalcalde Rodrigo Sepúlveda (7 años) y Juan Pablo Santos (1 año de suspensión de funciones).
También se piden penas para los particulares Paula Milanesse (cinco años por estafas reiteradas) y el exconcejal por Chillán, Rodrigo Sandoval (cinco años por el delito de soborno).
Por lo demás, para todos ellos se solicitó la pena de suspensión perpetua para ejercer cargos u oficios públicos más el decomiso de diversos bienes ya incautados por la PDI.
