El proyecto del Comité de Agua Potable Rural Parcelas Monterrico se encuentra paralizado en su última etapa, debido a dificultades para establecer servidumbres en los caminos por donde deberían instalarse las redes de distribución. La iniciativa contempla los sectores ubicados en el Camino Las Mariposas, entre los kilómetros 3 y 7, y el Camino a San Bernardo. Actualmente, la organización cuenta con 203 socios y proyecta abastecer de agua potable a unas 400 familias durante los próximos 20 años.
Según explicó el presidente del comité, Juan Sepúlveda, el proyecto comenzó en septiembre de 2021 con la realización de un estudio hidrogeológico. Posteriormente, los propios integrantes de la organización adquirieron un terreno de 1.000 metros cuadrados destinado a la construcción del pozo, con un aporte total de $17 millones.
En 2023, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) construyó el pozo y, al año siguiente, se licitó la etapa de diseño. Actualmente, el proyecto se encuentra terminado y en poder de la DOH, pero no ha podido avanzar hacia su evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social debido a los problemas asociados a los caminos.
“Trabajamos durante dos meses con la empresa consultora tratando de establecer servidumbres y no fue posible, debido a que hay una gran cantidad de terrenos que se desconoce quiénes son sus propietarios ni dónde viven, es imposible poder llegar a ellos y sacarle la firma. Además, existe una cantidad bastante grande de loteos irregulares que los dueños compraron solamente derechos, no tienen título de dominio, por lo tanto, tampoco hay rol. Esto especialmente se ve en el sector de Don Anselmo, hay 50 casas que se construyeron en loteos de 700 a 800 metros, incluso entre las casas hay sitios desocupados que tampoco se sabe quiénes los adquirieron”, explicó durante la sesión de concejo municipal de este miércoles.
Ante esta situación, planteó que una alternativa para destrabar el proyecto sería que el municipio pueda reconocer los caminos como de uso público. Sepúlveda recordó que durante agosto del año pasado los dirigentes se reunieron con el alcalde para plantear esta posibilidad, tomando como referencia situaciones similares efectuadas por otros municipios. Sin embargo, según relató, no se logró avanzar en esa alternativa.
Posteriormente, el comité recurrió a la Contraloría Regional, organismo que solicitó antecedentes a la municipalidad y posteriormente a la DOH. El pasado 31 de julio Contraloría se pronunció sobre las disposiciones legales relacionadas con los proyectos de agua potable rural y las facultades que tienen los alcaldes para autorizar la construcción e intervención de caminos para la instalación de redes de agua potable, alcantarillado y alumbrado público.
“La única solución que tenemos es que, a través de un decreto municipal, el alcalde enrole los caminos y pasen a ser de uso público, porque en estos momentos están considerados como de uso público-privado, por lo tanto, no se pueden invertir recursos públicos”, señaló el dirigente.
El presidente del comité aseguró además que, pese a que los caminos figuran actualmente como de uso público-privado, en la práctica se encuentran abiertos al libre tránsito y cuentan con distintos servicios e infraestructura pública. “Todos son de libre tránsito, no tienen ninguna restricción, no existen portones que limiten el acceso. Tenemos extracción de basura a través de la municipalidad, alumbrado público, empresas con patente municipal que funcionan en el sector y canchas de fútbol donde el tránsito vehicular es constante”, afirmó.
El presidente del Comité de Agua Potable Rural Parcelas Monterrico reiteró la urgencia de concretar el proyecto debido a que durante el invierno las fosas de drenaje se saturan, provocando que aguas contaminadas lleguen hasta las norias utilizadas por los vecinos. Afirmó que existen análisis que acreditan la contaminación de las aguas y que no son aptas para consumo humano.
Facultades para intervenir caminos
Desde la Municipalidad, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Carlos Araya, explicó que el problema no responde a una falta de voluntad, sino a las atribuciones legales que tendría el municipio para emitir el decreto solicitado por el comité.
“Aquí hay un diseño que está a cargo de la DOH, la tuición la tiene la DOH, que contrató un estudio que no contempló la regularización de los títulos y ahí es donde se genera el problema. Ellos pretenden solucionar no tener este estudio de títulos es con un certificado del director de Obras, que después se genera un decreto, que lo han hecho en otras comunas cercanas, en donde con ese certificado se acredita que este es un camino entregado al uso público”, señaló.
“Nosotros entendemos que esa facultad no la tenemos, por eso se hicieron las consultas a la Contraloría y entendemos de que lo que se menciona acá, en relación a esta respuesta, la facultad del director de Obras está en los caminos de la Ley Cora, siempre ha estado la intención de poder ayudar, pero hay un concepto en que este tipo de loteos no tenemos la facultad para entregar ese certificado”, añadió Araya.
Aseguró que existe disposición del municipio para buscar alternativas que permitan avanzar con el proyecto. “Estamos disponibles para poder tener una comisión o una mesa de trabajo en conjunto para volver a tomar este tema que recientemente se entregó para poder analizarlo”, dijo.
No obstante, sostuvo que una de las alternativas para regularizar la situación de los terrenos corresponde al propio comité, mediante los mecanismos contemplados en la legislación sobre regularización de loteos.
