Por mayoría, el Senado aprobó el martes dos proyectos de alto impacto en el sistema político nacional: la reforma constitucional que busca reducir la fragmentación partidaria y fortalecer la gobernabilidad, y la iniciativa que impone multas por no sufragar, la cual además abre el debate sobre el voto de extranjeros en elecciones nacionales.
La reforma política, uno de los proyectos más relevantes impulsados de manera transversal, introduce un umbral electoral del 5% a nivel nacional para que los partidos puedan acceder a escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados. También sanciona con la pérdida del escaño a los parlamentarios que renuncien al partido por el cual fueron electos, salvo que acrediten un cambio sustantivo en los principios de dicha colectividad. Para las elecciones de 2025, se aprobó una excepción transitoria que baja el umbral al 4%, y permite una ‘fusión exprés’ de partidos.
El senador Gustavo Sanhueza (UDI), uno de los defensores de la iniciativa, sostuvo que “es urgente hacer una reforma al sistema político, porque la fragmentación está impidiendo que el Congreso responda a los problemas ciudadanos. Con menos interlocutores, se pueden construir acuerdos más rápido”.
Una visión compartida por la senadora Loreto Carvajal (PPD), quien enfatizó: “no podemos seguir permitiendo que cada molestia personal o interés individual dé origen a un nuevo partido. Eso genera un sistema caótico que aleja a la ciudadanía”.
Sin embargo, el proyecto genera fuertes resistencias en la Cámara Baja. El diputado independiente-DC, Felipe Camaño, advirtió que la propuesta carece de respaldo suficiente. “Esto es una jugada de algunos partidos grandes para eliminar a los pequeños sin atacar los problemas estructurales. No es una reforma que fortalezca la democracia”, dijo.
Desde Amarillos por Chile, su presidente regional, Reinaldo Figueroa, acusó al Ejecutivo de intentar controlar el sistema de partidos y “restringir la participación ciudadana en nombre de la gobernabilidad”, mientras que la diputada y presidenta nacional del Partido Social Cristiano, Sara Concha, alertó que “esta reforma puede socavar la legitimidad democrática si se excluye a nuevas fuerzas políticas”.
La tensión se refleja también en las declaraciones del diputado Frank Sauerbaum (RN) -a favor de la reforma-, quien además propuso reducir el número de parlamentarios. “No se justifican los 155 diputados. Hay que volver a cifras históricas como 120, y quienes ingresen no pueden llegar con menos del 5%”, aseveró.
Polémica por sufragio extranjero
En paralelo, el Senado también aprobó -por 30 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones- el proyecto que establece multas para quienes no cumplan con el deber de sufragar. Las sanciones pueden superar los 344 mil pesos (hasta 5 UTM), y beneficiarán a los municipios. El texto contempla excepciones por enfermedad, ausencia del país, distancia del local de votación, entre otras causales.
Durante el debate, surgieron cuestionamientos respecto del voto de extranjeros. Algunos senadores solicitaron que se restrinja su participación en elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que anticipa otro foco de discusión en la Cámara.
El diputado Felipe Camaño manifestó que “es necesario clarificar esto. En la mayoría de los países, los extranjeros no eligen al Presidente. Solo los nacionalizados deberían poder hacerlo”.
Por su parte, Frank Sauerbaum defendió que el criterio actual de cinco años de residencia “es prudente y refleja un compromiso real con el país”.
Desde la UDI, el diputado Cristóbal Martínez criticó cualquier intento de modificar las reglas electorales a meses de los comicios. “Cambiar las reglas a última hora es propio de países antidemocráticos. Esto debió discutirse con anticipación”, afirmó.
Ambos proyectos pasarán ahora a su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el clima político se anticipa adverso, especialmente para la reforma al sistema político. La fragmentación que precisamente busca resolver la iniciativa es, paradójicamente, su principal obstáculo.
Con posiciones enfrentadas dentro de las propias bancadas, y con los partidos pequeños viendo amenazada su subsistencia, el debate en la Cámara será una verdadera prueba para medir cuánta gobernabilidad puede realmente ofrecer una reforma que, a juicio de sus detractores, privilegia a los grandes en detrimento de la pluralidad democrática.
