A dos meses del inicio del gobierno, el Congreso comienza a delinear las prioridades políticas y económicas de la nueva administración.
El trabajo legislativo de estos días evidenció el tono que ha ido adquiriendo la agenda parlamentaria en las primeras semanas del actual gobierno: una mezcla entre urgencias económicas, reconstrucción institucional y fortalecimiento de políticas sociales, junto con debates asociados a seguridad y control del gasto público.
En la Sala de la Cámara, uno de los hitos más relevantes fue el despacho a promulgación del proyecto que impide que condenados por femicidio, homicidio o lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar puedan acceder a pensiones de sobrevivencia originadas en derechos de sus víctimas. La iniciativa, que quedó lista para convertirse en ley, representa una señal política clara respecto de la prioridad que ha tenido la agenda de protección a víctimas y fortalecimiento de derechos sociales.
Aunque se trata de una reforma acotada, el avance del proyecto refleja un patrón que se ha repetido en estas primeras semanas de gestión: la búsqueda de acuerdos rápidos en materias con respaldo transversal y alto impacto simbólico.
A ello se sumó la aprobación en general del proyecto que prohíbe subcontratar servicios de teleoperadores fuera del país, iniciativa que combina seguridad económica y laboral. El debate estuvo marcado por las estafas telefónicas internacionales, pero también por la intención de proteger empleos locales en un escenario económico complejo. La propuesta, que ahora seguirá su tramitación en el Senado, evidencia cómo la discusión sobre seguridad ya no se limita únicamente al combate del delito tradicional, sino que incorpora dimensiones laborales, tecnológicas y de protección al consumidor.
La agenda habitacional también ocupó un espacio relevante. La aprobación en general del proyecto que busca facilitar políticas de vivienda para familias del 40% más vulnerable y territorios con déficit habitacional confirma que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los ejes prioritarios del Ejecutivo y del oficialismo parlamentario.
Escenario fiscal estrecho
El tema se cruza, además, con el debate sobre reconstrucción nacional y reactivación económica, dos conceptos que han comenzado a instalarse como marco político de la actual administración. No solo por las iniciativas relacionadas con infraestructura y déficit habitacional, sino también por la insistencia en fortalecer programas sociales en medio de un escenario fiscal estrecho.
Precisamente, el costo de la vida y el impacto económico sobre las familias marcaron otro de los focos de la semana. La sesión especial dedicada al Mepco y al precio de los combustibles terminó con la aprobación de una serie de resoluciones que presionan al Ejecutivo para evitar recortes sociales, revisar el mecanismo de estabilización y evaluar medidas de alivio económico.
El debate dejó al descubierto una preocupación transversal respecto del deterioro del poder adquisitivo y la tensión entre disciplina fiscal y demandas sociales. En paralelo, la Comisión de Trabajo inició el análisis del reajuste al salario mínimo, discusión que rápidamente abrió diferencias sobre la suficiencia del incremento propuesto por el gobierno.
La extensión por 90 días del sistema de infraestructura crítica en la macrozona norte también ratificó otra prioridad del período: el control migratorio y la seguridad fronteriza. Aunque la medida viene de administraciones anteriores, el respaldo mayoritario demuestra que existe consenso político para mantener a las Fuerzas Armadas colaborando en tareas de resguardo territorial.
En las comisiones, además, se observaron señales sobre otros temas que comienzan a ganar espacio en la agenda: agresiones en establecimientos educacionales, fortalecimiento de la fiscalización pesquera, reconocimiento de comunidades indígenas y brechas de especialistas médicos en regiones.
