Cuando el Presidente Juan Antonio Kast vino a Chillán a inaugurar la Teletón, recibió por mano del alcalde de Coihueco, Wilson Palma, una carta. La misma que meses antes le había entregado en Santiago al ministro de Seguridad, Martín Arrau.
“Y también se la pasé en la mano. Nosotros acá en Coihueco estamos realmente afectados por la delincuencia y una de las tantas explicaciones es porque apenas tenemos 50 carabineros para la comuna más extensa, más rural y que hoy bordea una población de casi 30 mil personas. Es imposible controlarla con 50 carabineros”, dijo.
Esta reacción surge a partir de los últimos procedimientos de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Chillán, quienes en concurso con la Unidad de Análisis Criminal (UAC) de la Fiscalía Regional lograron identificar a siete delincuentes que habían participado en diversos delitos de “abordazos”.
De ellos, aún hay uno prófugo y de los otros seis restantes, tres son menores de edad. Todos oriundos de Coihueco.
Según los antecedentes de la investigación, el líder es una persona que llegó a esa comuna desde fuera de la región, estableciendo un vínculo de aprendizaje “que destaca porque el nivel de violencia con que ellos actuaban iba en escalada, era cada vez mayor. En el último caso, ocurrido en San Carlos, le dispararon al parabrisas del auto que conducía una mujer, provocándole fracturas en la mano”, detalló el jefe de la UAC, fiscal Álvaro Hermosilla.
A partir de ese último hecho se encontró la hebra que le permitiría a la PDI identificar los dos autos utilizados por la banda, a sus integrantes y realizar allanamientos en Coihueco y en Valparaíso, incautando ambos vehículos y deteniendo a los seis.
Cautelares a discutir en la Corte
Respecto a los tres mayores, a Manuel Celis Dolarea (29) se le formalizó por un robo con violencia; Francisco Aravena Aranda (18), por amenazas y Kevin Mora Quijada (19), por amenazas, porte ilegal de arma de fuego y daños.
Los tres menores, quienes participaron tanto en el robo de San Carlos como en el de Coihueco y uno registrado en la Villa Barcelona, de Chillán, el pasado 15 de junio, quedaron con cautelares de menor intensidad, por lo que el Ministerio Público, vía apelación al tribunal de alzada, buscará que se la modifique por la de internación provisoria.
“Es cierto”
Respecto al fenómeno coihuecano, el delegado presidencial, Diego Sepúlveda, admitió que “sin duda es una preocupación para la Delegación Presidencial y para nuestras policías también. Hemos visto un aumento (de delitos) en Coihueco y en comunas como Quillón, la idea es no es estigmatizar, pero es cierto que hay preocupación”.
Tras añadir han “visto la llegada de personas con perfil delictual desde otras regiones”, discrepó con el alcalde Palma al manifestar que “esto no dice relación con presencia policial, sino con otros fenómenos que ya estamos estudiando”.
Wilson Palma, junto con insistir que la dotación no es suficiente, comentó: “nosotros le ofrecimos un lugar de 100 metros cuadrados, a una cuadra de la plaza de Armas, a la PDI para que instalara una avanzada, a lo menos dos veces al mes en nuestra comuna. Nos dijeron que no, porque no tenían personal”.
