Por unanimidad, el Concejo Municipal de Chillán aprobó este jueves la contratación directa de la empresa Dimensión S.A. para continuar con el servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios en la comuna durante los próximos 12 meses.
La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria convocada luego de que la mayoría de los concejales rechazara la adjudicación de la licitación pública a la empresa Altramuz Ltda., que contemplaba la prestación del servicio por seis años. Los reparos de los ediles apuntaron a aspectos administrativos y técnicos, tanto hacia las bases del contrato como a la empresa seleccionada, que terminaron por desechar el proceso licitatorio.
Ante este escenario, el municipio optó por invocar la causal de emergencia, urgencia o imprevisto establecida en la Ley N.º 19.886 sobre compras públicas, con el objetivo de evitar una eventual crisis sanitaria derivada de la acumulación de basura en la ciudad.
De esta forma, Dimensión S.A., firma que actualmente presta el servicio y cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio tras una prórroga, continuará operando a partir del 1 de julio mediante un trato directo que supera los 371 millones de pesos mensuales.
La decisión de los concejales fue adoptada, mientras la municipalidad trabaja en un nuevo proceso licitatorio para elegir la futura firma.
En instantes previos a la votación, los ediles llamaron a la administración municipal a iniciar con anticipación el nuevo procedimiento licitatorio para evitar una nueva contratación excepcional.
“Que esto sirva de lección para que estos 12 meses se trabaje bien y no estemos con una nueva situación que nos deje como los verdugos si avanzamos o no avanzamos. Dejar claro que el concejo estuvo con la disponibilidad de avanzar por el bien de la ciudad, pero también queremos que el municipio se comprometa a que estos 12 meses el proceso administrativo se lleve de la mejor manera para que este servicio no tenga estas consecuencias de diferencias”, manifestó el concejal Rodrigo Ramírez.
En la misma línea, la concejala Débora Fernández indicó que uno de los acuerdos alcanzados en comisión fue adelantar el trabajo administrativo.
“Para idealmente hacer el proceso como corresponden antes de los 12 meses y no tener que llegar a una prórroga, por lo tanto, que este cronograma y las bases se empiecen a trabajar mucho antes. Idealmente de aquí a un par de meses”, expresó.
Por su parte, la concejala Yanina Contreras pidió una planificación clara que detalle las etapas del nuevo proceso. “Solicitamos un programa de trabajo ordenado, donde aparezcan los procesos a llevar a cabo, estrategias de trabajo de la administración y que esto permita que estos 12 meses no se vayan a transformar en 18”, dijo la concejala Yanina Contreras.
Palabras que compartió su par Carolina Chávez quien no escondió sus críticas a la gestión municipal.
“Nos vemos obligados a resolver esta problemática que no es culpa de los vecinos, sino de la mala administración, o sino no estaríamos aprobando este trato directo. Así que comparto que la próxima semana nos esté llegando la planificación para que estos 12 meses no se transformen, después en 18 o 24 meses”, manifestó.
El edil Iván Badilla fue más allá y pidió una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas.
“Esto que ha pasado tiene un problema administrativo, quisiera que hiciera un sumario administrativo, porque llegamos a esta situación entendiendo que esta licitación terminaba el 31 de diciembre de 2025 y estos seis meses adicionales, que estaban en el contrato, eran por situaciones de última hora podría ocurrir no porque el contrato terminaba en junio”, pidió.
