Fue el pasado martes, cuando una riña que se generó al interior del patio común de la cárcel de Chillán, motivó la intervención de un funcionario de Gendarmería para evitar el asesinato de uno de los internos que recientemente se había incorporado al plantel penitenciario, en calidad de preso preventivo.
La acción, le valió el ser lesionado, trasladado y atendido en el Hospital Herminda Martín, y las felicitaciones públicas por parte de la directora regional, coronel Carolina Caamaño, quien tras el incidente dijo que “felicito al personal de Gendarmería que actuó rápidamente y con pleno profesionalismo, lo que evitó la agresión a un interno, hecho que sin duda habla del compromiso, valentía y entrega que a diario demuestran nuestros funcionarios y funcionarias en las unidades penales de Ñuble”.
Sin embargo, para el presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) Ñuble, suboficial Cristian Montecinos, el incidente fue un hecho que se pudo haber evitado, toda vez que los funcionarios habrían hecho saber a los tribunales de la materia, respecto a los riesgos que se anticipaban ante la llegada de este reo a la sección de imputados, dado que lo obligaba a compartir el patio común, por lo tanto, encontrarse con una facción de internos que lo habrían amenazado de muerte.
“El interno se encontraba en la sector de tránsito, aislado, y que por una resolución judicial, tuvo que ser derivado al patio colectivo del penal. Gracias al profesionalismo y el actuar de nuestros funcionarios, no pudieron concretar el ataque. Lo que a nosotros nos llama a la atención es que, a pesar de haber hecho las advertencias, conforme a los análisis de seguridad, se determinó de igual manera que fuera al patio de los imputados”, detalla el suboficial Montecinos.
Riñas y hacinamiento
La realidad delictual que ha afectado al país en los últimos años, ha disparado la cantidad de personas que se han visto privadas de libertad en todo el país y las consecuencias del hacinamiento, también se ha materializado en Ñuble, con reos durmiendo en el suelo, en la cárcel de San Carlos, o los más de 800 internos que habitan el recinto chillanejo, diseñado para un promedio de 350 personas.
La Anfup, desde fines de 2024, viene advirtiendo que esto está redundando en materias como la salud (incluso hubo un brote de sarna), riñas y organización de bandas al interior del penal, por lo que piden tener voz y voto en materia de distribución de internos.
“Muchas veces, pese a que Gendarmería tiene la potestad para administrar los establecimientos, conforme a los estándares de seguridad, en la práctica hoy no se puede mover un solo interno sin consulta a los tribunales, por tanto creemos que debe haber una modificación normativa que nos otorgue autonomía en materias técnicas”.
