En Ñuble, la discusión sobre cómo proteger a las autoridades locales frente a amenazas tiene rostros concretos.
El alcalde de San Carlos, Rubén Méndez, denunció en junio que sus dos hijos recibieron mensajes por Instagram en los que se les instaba a quitarse la vida y se les advertía de represalias. Tras la denuncia, Carabineros dispuso patrullajes en las inmediaciones de su domicilio.
En El Carmen, el alcalde Renán Cabezas enfrentó otra forma de intimidación. Un hombre detenido por un robo en lugar habitado obtuvo su número telefónico tras recuperar la libertad y comenzó a enviarle audios amenazantes por WhatsApp. El jefe comunal recibió visitas diarias de funcionarios policiales durante 30 días.
Ambos casos adquieren ahora una dimensión nacional. La Comisión de Seguridad Pública del Senado comenzará a estudiar dos mociones que buscan endurecer la respuesta penal frente a ataques contra alcaldes y ampliar la protección a otras autoridades vinculadas con la seguridad. La discusión se activó tras conocerse el plan para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que 22 alcaldes cuentan actualmente con medidas de protección.
Una protección que busca ampliarse
Una iniciativa, del senador Cristián Vial y patrocinada, entre otros, por la senadora por Ñuble Loreto Carvajal, incorpora a alcaldes y concejales al artículo 391 bis del Código Penal. El proyecto establece penas de entre tres años y un día y diez años para quien conspire para cometer homicidio calificado contra estas autoridades.
La segunda moción, de la senadora Paulina Vodanovic y el senador Juan Luis Castro, amplía el universo de autoridades protegidas: incluye a alcaldes, gobernadores regionales y funcionarios con responsabilidades en seguridad pública y prevención del delito. También plantea que el homicidio calificado contra estas personas, por razón de sus funciones, sea castigado como consumado desde la tentativa.
El debate no se limita a aumentar penas. También pone sobre la mesa qué autoridades requieren una protección penal reforzada por las decisiones que adoptan en seguridad. La experiencia de alcaldes como Méndez y Cabezas muestra que las amenazas ya forman parte de la realidad municipal, y que las respuestas de protección pueden ser acotadas.
Para Cabezas, la experiencia personal lleva el foco más allá de la protección de los alcaldes.
“Sin duda es clave poder reforzar las penas y brindar también mayores herramientas al sistema judicial de nuestro país”, planteó. Agregó eso sí que “más que reforzar mayor seguridad a los alcaldes propiamente tal, hay que reforzar el sistema para todos los ciudadanos”.
Su conclusión apunta al funcionamiento del sistema penal: “Que no nos encontremos con esta especie de puerta giratoria para delincuentes, que a horas de ser detenidos por cometer un delito, quedan con la libertad de volver a las calles a seguir delinquiendo”, dijo.
