El Juzgado de Garantía de Chillán acogió solo una de las cuatros medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y la parte querellante, en contra de Wilson Palma Jelves, alcalde de Coihueco, a quien se le investiga por dos delitos de abuso sexual por sorpresa y cuatro delitos de solicitud de persona y dos de ofensas al pudor.
Así, el jefe comunal solo deberá observar la prohibición de no acercarse a la víctima, desestimándose otras cautelares como de la firma mensual en Carabineros, arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.
Según expuso el fiscal (s) Richard Urra Blanco en la formalización, el imputado, en el ejercicio de sus funciones públicas, realizó ofrecimientos de un cargo a la víctima a cambio que mantuvieran relaciones íntimas de tipo sexual, peticiones que le formuló mediante mensajería de WhatsApp, llamados telefónicos o de manera verbal en su despacho durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del mismo año. La víctima no accedió a las peticiones.
Además, al alcalde se le investiga por intentar besar en la boca a la funcionaria, la que alcanzó a reaccionar y evitar. También se le imputa otra conducta de significancia y relevancia sexual contra la víctima.
Pese a que aún no se ha determinado si las imputaciones son o no reales, el alcalde Palma comentó, finalizada la audiencia, que valoraba las resoluciones de esta primera instancia, y aclaró que “con la persona, la denunciante, nos conocemos de toda la vida y no es lo que se ha querido instalar, que ha sido un abuso de poder. Hay, digamos, una confianza y los mismos antecedentes hablan que la denunciante se refería de tú a tú con esta autoridad”.
Respecto a la proyección de pena que pudiese tener este tipo de delitos, el propio Ministerio Público admitió que “son bien bajas”.
Richard Urra explicó que “el imputado cuenta con irreprochable conducta anterior, al no tener condenas en su extracto de filiación, por lo tanto, la prognosis que arriesga ante una eventual condena podría ser de una pena en libertad”.
El tribunal chillanejo otorgó un plazo de tres meses para la investigación judicial del caso. En tanto, la unidad policial encargada de llevar las indagatorias para la Fiscalía, es la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones.
