Señor Director:
La OMS calcula que cada año se realizan 25 millones de abortos inseguros y se estima que en nuestro país ocurren entre 60 mil y 300 mil abortos clandestinos al año. Es complejo encontrar datos precisos y oficiales respecto a la realidad local, principalmente porque la ilegalidad obliga a esa clandestinidad. Este complejo escenario se agrava cuando constatamos los riesgos asociados a los tratamientos inseguros que pone en evidente peligro la salud de las mujeres. El aborto por tanto no debe tratarse desde la perspectiva moral-dogmática (porque además debiera primar el derecho a elegir de las mujeres) y si desde el ámbito de la salud pública. Es desde la salud pública porque, independiente del estatus jurídico, la práctica seguirá existiendo y es menester de los estados garantizar una prestación segura, de calidad y con un enfoque en los determinantes sociales de la salud para avanzar en equidad.
Tras el anuncio presidencial al respecto, el debate debe darse de manera transversal, participativa, respetuosa y alejar todo fundamentalismo que intente imponer una visión basada en credos religiosos o preceptos morales.
Alex Martínez del Campo
Magíster © en Salud Pública