La última encuesta Cadem muestra un desplazamiento que puede ser más significativo que cualquier cambio en el ranking de las figuras políticas: economía y empleo pasaron de 67% a 79% como prioridad de los chilenos, mientras seguridad cayó de 61% a 33%. La diferencia entre ambos temas, que hace apenas una semana era de seis puntos, ahora llega a 44.
No significa que la delincuencia haya dejado de importar. Más bien, el deterioro de las condiciones económicas parece haber instalado una preocupación de otra naturaleza: una que entra directamente al presupuesto familiar, al precio de llenar el estanque, a las cuentas de la casa y, sobre todo, a la posibilidad de tener o conservar un trabajo.
Para Ñuble, el dato tiene una resonancia particular. La región registra un 11% de desocupación, la tasa más alta del país, en un escenario en el que las dificultades laborales no son nuevas y donde pesan la estacionalidad, la informalidad y una estructura productiva menos diversificada.
El abogado y académico de la Universidad de Concepción, Alfonso Henríquez, advierte que sería un error leer las encuestas como si expresaran adhesiones ideológicas permanentes. “Un grupo mayoritario de la ciudadanía no responde a una ideología clara. Se mueve por la contingencia y por la búsqueda de resultados inmediatos”, planteó.
Desde esa perspectiva, el cambio registrado por Cadem no necesariamente representa un abandono de las demandas de seguridad, sino una reacción frente a aquello que hoy se siente más próximo. Henríquez sostuvo que la idea de un país en declive, utilizada con fuerza en la campaña presidencial, terminó adquiriendo una dimensión económica: “El concepto de ‘Chile se cae a pedazos’ pasó de ser un eslogan político sobre seguridad, a experimentarse en clave económica”, dijo.
La diferencia es importante para el Gobierno. La seguridad puede evaluarse a través de cifras de delitos, operativos o procedimientos; el empleo, en tanto, se mide en la experiencia cotidiana de quien busca trabajo durante meses, teme perderlo o debe reducir gastos para llegar a fin de mes.
Plazos también se sienten en regiones
La politóloga y académica de la UdeC, Jeanne Simon, puso el acento en un contexto más amplio. A su juicio, no necesariamente cambió radicalmente la prioridad de los chilenos, sino las condiciones que la rodean. El alza de los combustibles, el costo de la electricidad y las dificultades laborales modifican la percepción de amenaza de los hogares.
“Un contexto de mayor costo de la vida, hace difícil que las personas se preocupen tanto de la seguridad”, mencionó Simon, quien agregó que la falta de ingresos puede terminar sintiéndose como una amenaza más inmediata.
Ese razonamiento calza con la realidad de Ñuble. Una región con 11% de desempleo no necesita que el debate económico sea explicado en términos macroeconómicos para percibirlo. El indicador se traduce en personas que buscan empleo, familias que postergan decisiones y trabajadores que dependen de actividades cuya demanda varía durante el año.
Simon también identifica una tensión entre los tiempos de las políticas públicas y los de las familias. “El gobierno está jugando a mediano y largo plazo, pensando que un ajuste va a favorecer la creación de mayores trabajos”, afirmó. El problema es que ese horizonte no resuelve necesariamente las dificultades de quienes están enfrentando ahora un aumento de sus gastos o la falta de ingresos.
Es precisamente esa distancia temporal la que puede terminar convirtiéndose en un problema político para La Moneda. El Ejecutivo ha instalado medidas para estimular la contratación y la inversión, entre ellas el denominado “Modo Empleo”, pero sus efectos requieren tiempo. La ciudadanía, en cambio, evalúa el presente.
El analista político Gabriel Pradenas observa una consecuencia adicional: la economía deja de ser un asunto abstracto cuando el desempleo afecta directamente a una familia.
“Cuando falta trabajo no solo disminuyen los ingresos, también se posterga la compra de una vivienda, la educación de los hijos, la posibilidad de emprender, formar una familia o permanecer en la región”, planteó.
En Ñuble, esa última dimensión resulta especialmente relevante. La falta de oportunidades laborales no solo condiciona el ingreso de los hogares; también puede reforzar la salida de trabajadores hacia otras regiones y dificultar que jóvenes y profesionales encuentren alternativas para desarrollar sus proyectos en el territorio.
Pradenas advierte que existe, además, una brecha entre las expectativas generadas por el Gobierno y la velocidad con que esas expectativas pueden materializarse. “El Gobierno enfrenta una decepción temprana porque generó expectativas inmediatas, pero todavía existe una distancia considerable entre lo prometido y la capacidad demostrada para cumplirlo”, aseveró.
Agregó que la región requiere coordinación entre Gobierno central, Gobierno Regional, municipios, empresas e instituciones formativas, con proyectos capaces de producir resultados verificables. En un escenario fiscal más estrecho, sostuvo, la discusión debería centrarse no solo en cuánto se gasta, sino en dónde se invierte y qué efectos produce.
