La Fiesta de la Longaniza se ha convertido en la principal celebración pública de Chillán. Es una instancia que convoca a miles de personas, dinamiza el comercio, proyecta la identidad local y ofrece una oportunidad relevante para mostrar la ciudad. Precisamente por esa importancia, no puede convertirse en un territorio donde la capacidad de fiscalización del Estado termine siendo superada por la presión de quienes pretenden instalarse al margen de las reglas.
Por eso, la decisión de las autoridades de aplicar una política de tolerancia cero frente al comercio ilegal durante la celebración de este año es una señal necesaria. No se trata de perseguir al comerciante ambulante por el solo hecho de serlo, sino de hacer respetar las normas, proteger a quienes cumplen con ellas y asegurar que un evento masivo pueda desarrollarse con orden y seguridad.
El antecedente del año pasado es suficientemente elocuente. La instalación de los denominados “toldos azules” en distintos puntos del centro generó controversia, dificultades para ordenar los espacios públicos y, finalmente, una imagen poco favorable de la ciudad. A ello se sumó la suciedad que quedó en las calles después de la actividad. Lo ocurrido demostró que improvisar permisos o ceder ante hechos consumados es una muy mala estrategia cuando se trata de una celebración que reúne a miles de personas.
Esta vez el enfoque es diferente. Carabineros ya desplegó unidades en el Paseo Arauco, se contempla el copamiento policial y se establecieron tres anillos de seguridad en torno al evento. También habrá controles en los accesos a Chillán y fiscalización de mercaderías por parte del Servicio de Impuestos Internos. El propósito es anticiparse y no reaccionar cuando los puestos ya estén instalados, las calles ocupadas y las alternativas de solución sean mucho más difíciles.
Ese cambio de lógica merece respaldo. La seguridad de una actividad masiva no comienza cuando aparece un incidente, sino mucho antes. Y en ese trabajo preventivo el control del comercio irregular tiene una importancia que excede lo estrictamente comercial.
Hay, en primer lugar, una cuestión de equidad. Quien obtiene una patente, paga impuestos, cumple exigencias sanitarias, laborales y municipales, y asume los costos de funcionar formalmente no puede quedar en desventaja frente a quien llega, instala un puesto y desarrolla una actividad sin autorización. Tolerar esa situación termina castigando precisamente a quienes hacen las cosas correctamente.
También existe una dimensión urbana. Una ciudad ordenada necesita calles despejadas, accesos para vehículos de emergencia y espacios públicos que puedan ser utilizados por todos. La determinación de mantener expedito el segundo tramo del paseo Arauco y calle 18 de Septiembre responde justamente a esa necesidad. En una fiesta de estas dimensiones, una vía bloqueada puede transformarse rápidamente en un problema de seguridad.
La lección del año pasado no debiera limitarse a esta celebración. Chillán necesita avanzar hacia una política permanente respecto del comercio ambulante, con criterios claros, fiscalización sostenida y alternativas para quienes desarrollan actividades comerciales autorizadas. Lo que no puede ocurrir es que cada evento masivo obligue a comenzar nuevamente desde cero o que la autoridad termine negociando el cumplimiento de la ley una vez que las infracciones ya se han producido.
