Si bien el Comité de Ministros ha destrabado decenas de proyectos de inversión a nivel nacional, un buen número de estos ha terminado judicializándose en los tribunales ambientales, lo que ha introducido un factor de incertidumbre en su desarrollo y en los plazos de ejecución, poniendo nuevamente la discusión sobre la permisología en la mesa.
Según un informe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), entre enero y julio de 2026, los tribunales ambientales admitieron 32 nuevas reclamaciones, las que están relacionadas con 29 proyectos de inversión, la máxima histórica desde que estos organismos entraron en funcionamiento. De las 29 iniciativas que entraron a judicialización en este período, 11 ya habían sido destrabadas por el Comité de Ministros.
En total, los tribunales ambientales acumulan 67 causas en tramitación vinculadas a 59 proyectos de inversión, los cuales representan US$10.665 millones.
A nivel regional, dos proyectos de gran envergadura enfrentan esta situación: el parque eólico Los Coihues, en El Carmen, y el embalse Zapallar, que se levantará en el río Diguillín, en Pinto y El Carmen.
Parque eólico Los Coihues
A mediados de abril de 2026, el Comité de Ministros rechazó las reclamaciones contra el proyecto “Parque Eólico Los Coihues”, en El Carmen, destrabando así la iniciativa, la cual fue aprobada por la Comisión de evaluación ambiental de Ñuble en agosto de 2025.
La iniciativa, de la empresa Hy2Wind SpA, se encuentra judicializada en el Tercer Tribunal Ambiental desde junio de 2026. Los reclamantes piden que se anule la aprobación ambiental del proyecto, o que éste vuelva a una etapa anterior para que la empresa corrija algunas observaciones ciudadanas.
Los reclamantes son vecinos de la zona donde busca emplazarse el proyecto y son representados por el abogado Sebastián Zambrano Cárdenas.
La iniciativa, que ingresó a tramitación ambiental en enero de 2024, busca construir un parque eólico con 47 aerogeneradores por US$470 millones, que sumarán una potencia de 338,4 MW, lo que la convertirá en el segundo proyecto eólico más grande de Ñuble.
Rodrigo Parra, uno de los vecinos reclamantes, manifestó que “la dinámica en la que se desarrolló el proceso administrativo de la aprobación del parque eólico no fue apropiada respecto a la realidad que se vive en el territorio, con un elevado nivel de analfabetismo digital, por lo tanto, un gran número de vecinos difícilmente van a entender un mamotreto de más de mil páginas que están escritos en un lenguaje técnico. Entonces, le dijeron a la gente en qué consiste un parque eólico, pero no se informó sobre las consecuencias que trae”.
Parra apuntó a elementos como la disposición de la basura en el plan de cierre del parque, el ruido o zumbido constante durante su operación, el “efecto cortina” y la destrucción del paisaje, entre otros. De igual forma, planteó que “hay aspectos que fueron mal planteados de base, y también hay cosas que no fueron consideradas en el proyecto”. Un tema que no se consideró, expuso, es el problema que generan las torres eólicas para el combate de incendios, ya que su presencia impide el sobrevuelo de aeronaves, “lo que no es menor, ya que en esta zona hemos tenido incendios muy graves”.
“Nosotros vamos a ver alterado nuestro ecosistema y la vista que tenemos”, expresó Parra, quien llegó hace siete años desde Santiago a vivir al sector San Isidro Bajo, en El Carmen, cuyo paisaje y tranquilidad lo cautivaron, virtudes amenazadas por una torre eólica que se emplazará a 700 metros de su casa. “Lo que más quiero es poder disfrutar del campo como está”, sentenció.
En esa línea, planteó que “los vecinos todavía no le han tomado el peso a las cosas que se vienen por delante. La gente que vive cerca del parque eólico de Pemuco ya está bastante complicada con la influencia que ha tenido en sus vidas”.
Finalmente, disparó contra el argumento de la generación de empleos: “¿Cuántas personas de la zona trabajan efectivamente en la ejecución de estos proyectos? La verdad es que son muy pocos, ya que la mayoría son perfiles técnicos específicos”.
Asimismo, el abogado Sebastián Zambrano enumeró los argumentos que sustentan la reclamación.
Apuntó al impacto en la salud de vecinos vulnerables. “Se acusa que la evaluación ambiental omitió la existencia de habitantes rurales con condiciones médicas graves (como hipersensibilidad auditiva, autismo severo y Síndrome de Ménière). Los ruidos de baja frecuencia y vibraciones contiguas de los 26 aerogeneradores resultan incompatibles con su calidad de vida y salud”, sostuvo.
También mencionó “la destrucción del proyecto económico local. Las obras liquidan un emprendimiento familiar de ecoturismo inclusivo valorizado en 41.700 UF, que dependía de la tranquilidad rural del entorno”.
El abogado agregó que otro elemento son los “vicios en las mediciones de ruido y participación ciudadana: La autoridad ambiental desestimó las observaciones de los vecinos e ignoró que la empresa no sumó adecuadamente las fuentes de ruido simultáneas durante la fase de construcción”.
Se refirió, asimismo, a la omisión de proyectos contiguos. “Se omitió evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos que el parque eólico tendrá junto a la construcción del Embalse Zapallar en la misma cuenca”.
Finalmente, Zambrano destacó las “deficiencias graves en protección de fauna. El propio SAG tildó de ‘laxo’ e insuficiente el estándar de la empresa para evitar la mortalidad de fauna nativa y murciélagos, pretendiendo subsanarlo ilegalmente con monitoreos posteriores”.
Actualmente, la causa se encuentra suspendida en su tramitación hasta que se resuelva una solicitud de invalidación en sede administrativa.
La Discusión intentó sin éxito obtener una respuesta de la empresa.
Embalse Zapallar
El proyecto “Embalse Zapallar” recibió en abril de 2026 una reclamación ante el Tribunal Ambiental, del abogado Francisco Astorga, quien es parte de la ONG Defensa Ambiental, en representación del grupo de vecinos Comité Unión Diguillín, contra la ratificación de la iniciativa por parte del Comité de Ministros a inicios de marzo de 2026, en las postrimerías de la administración Boric.
El estudio de impacto ambiental ingresó a tramitación en el SEA en septiembre de 2020 y logró su aprobación en la Comisión de evaluación ambiental de Ñuble en enero de 2024.
Astorga, quien representa a una veintena de vecinos del sector San Vicente Bajo, de El Carmen, solicitó al tribunal ambiental dejar sin efecto la resolución del Comité de Ministros y la aprobación ambiental del proyecto. El abogado pide que la iniciativa vuelva a la etapa de evaluación ambiental para que el titular revise las observaciones ciudadanas sobre flora, fauna y el impacto en las comunidades.
En el escrito se sostiene que “respecto de algunas de las observaciones ciudadanas que actualmente se reclaman, se ha podido evidenciar que se han vulnerado algunos de los criterios e irregularidades -transversales a todas las respuestas a todas las observaciones ciudadanas presentadas ante el proyecto- que condicionan sustancial y esencialmente el proceso de participación ciudadana y sus resultados (…) Además de ciertas irregularidades respecto de las consideraciones de fondo de los antecedentes de las observaciones ciudadanas, se pueden constatar una serie de vicios e incumplimientos” de la normativa.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, representará una inversión estimada de US$212 millones y la licitación para su construcción fue adjudicada a la empresa China International Water & Electric Corporation (CWE).
El embalse busca asegurar el riego para cerca de 10 mil hectáreas y beneficiar a más de 2 mil agricultores, principalmente pequeños.
Para la ONG Defensa Ambiental, “el Comité de Ministros reconoció los errores en la evaluación ambiental del proyecto, pero en lugar de detenerlo o someterlo a una evaluación rigurosa, decidió ‘ajustarlo’ sobre la marcha, fuera del proceso formal de Evaluación Ambiental, vulnerando la participación ciudadana y dejando en evidencia que el Embalse Zapallar no fue correctamente evaluado”.
“Entre los componentes afectados -sostiene el organismo-, el Comité reconoció deficiencias significativas en la flora, la fauna y los ecosistemas acuáticos. En lugar de someter el proyecto a una nueva evaluación, optó por imponer ‘condiciones adicionales’ para intentar mitigar los impactos”.
Al respecto, Defensa Ambiental declaró que “estas acciones no constituyen simples correcciones. Son modificaciones sustanciales al proyecto, que afectan aspectos ambientales relevantes y que no fueron parte de la evaluación original ni del proceso de participación ciudadana. La ciudadanía no fue informada y nunca pudo opinar sobre los efectos de estas modificaciones”.
En esa línea, sentenció que “el Embalse Zapallar amenaza con expropiar y desplazar a familias y emprendimientos turísticos, destruir más de 8.000 árboles, incluyendo especies protegidas como guindo santo y ciprés de la cordillera, bloquear el paso de peces nativos como la carmelita y el tollo, y afectar 24 sitios arqueológicos, entre ellos la Silla del Indio”.
La Discusión intentó sin éxito obtener una respuesta del MOP.
