La negociación por la invariabilidad tributaria terminó por provocar uno de los mayores remezones políticos en el marco de la tramitación de la megarreforma.
A pocas horas de vencer el plazo para presentar indicaciones, el Gobierno y la bancada de senadores del PPD anunciaron un entendimiento que modificó uno de los puntos más controvertidos del proyecto y, de paso, quebró la estrategia que la oposición había intentado construir para enfrentar la iniciativa del Ejecutivo.
La propuesta elaborada por los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal fue acogida en un 90% por el Ministerio de Hacienda. El principal cambio consiste en reemplazar la invariabilidad tributaria de 25 años contemplada en el proyecto original por un sistema escalonado de 10, 15 y 25 años, según el monto de la inversión, incorporando además nuevas barreras de acceso y mayores exigencias para acceder al beneficio.
El anuncio fue realizado junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien confirmó que será precisamente la fórmula impulsada por los legisladores del PPD la que llegará a votación en la Sala el próximo 15 de julio.
El acuerdo, sin embargo, tuvo un costo político inmediato. Mientras el Ejecutivo celebró haber destrabado uno de los principales nudos de la megarreforma, sectores de la oposición cuestionaron duramente la decisión de los parlamentarios de marginarse de la estrategia común, partiendo por la directiva de su propia colectividad.
El Frente Amplio confirmó que igualmente recurrirá al Tribunal Constitucional por estimar que la norma mantiene vicios de inconstitucionalidad, mientras otros sectores acusaron a los senadores de facilitar la aprobación de una reforma que consideran excesivamente favorable a la inversión privada.
El costo político de la negociación
La figura de la senadora por Ñuble quedó en el centro de esa controversia. Junto con respaldar la propuesta de su bancada, confirmó que no suscribirán el requerimiento ante el Tribunal Constitucional respecto de la invariabilidad tributaria, decisión que terminó por evidenciar las diferencias de estrategia dentro de su partido y de la oposición.
Carvajal defendió el acuerdo apelando al pragmatismo político. Argumentó que, con una oposición en minoría tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, insistir en una posición de bloqueo solo aumentaba las posibilidades de que el Gobierno aprobara un texto mucho más cercano a su versión original. A su juicio, negociar permitió introducir modificaciones sustantivas en un aspecto que consideraba especialmente sensible para el equilibrio entre atracción de inversiones y resguardo del interés fiscal.
La parlamentaria también vinculó su decisión con la realidad económica de Ñuble. Sostuvo que la región enfrenta una compleja situación laboral, marcada por altas tasas de desempleo y por la necesidad de generar nuevas inversiones tras la negativa de Iansa de seguir refinando remolacha, lo que generará el término del cultivo en la zona, por lo que estimó indispensable privilegiar una salida que favoreciera la reactivación económica antes que una confrontación política sin resultados concretos.
La postura del PPD deja abierta una nueva discusión dentro de la oposición sobre cuál debe ser la estrategia frente a una reforma cuya aprobación parece encaminada. Mientras unos apuestan por trasladar la disputa al Tribunal Constitucional, otros, como Carvajal, sostienen que la responsabilidad política pasa por negociar cambios cuando existen márgenes para mejorar el proyecto.
–¿Por qué el PPD aceptó no recurrir al Tribunal Constitucional respecto de la invariabilidad tributaria?
–Primero, porque este mecanismo operó hasta aproximadamente 2018 y jurídicamente resulta difícil sostener su inconstitucionalidad, más aún cuando el Gobierno acogió nuestra indicación. Nunca negociamos pensando en obtener un rédito político, sino en alcanzar un acuerdo que beneficiara al país. Lo importante era asegurar modificaciones que hicieran de esta reforma un instrumento capaz de atraer inversiones relevantes y generar empleo. Si esos avances estaban garantizados, creímos más responsable privilegiarlos antes que mantener abiertos conflictos institucionales que podían poner en riesgo el entendimiento.
–¿Este acuerdo representa un triunfo político del Gobierno?
–Más que preguntarnos quién ganó políticamente, deberíamos preguntarnos si ganó Chile. Como bancada del PPD iniciamos este proceso trabajando con el resto de la oposición, pero esa estrategia terminó debilitándose por decisiones de otros sectores. En ese escenario, quedarse inmóvil solo significaba facilitar que el Gobierno aprobara un proyecto mucho más cercano a su versión original. Nosotros optamos por influir, mejorar el texto y obtener cambios concretos. Nuestros votos no son un cheque en blanco y seguiremos defendiendo los intereses de Ñuble, incluyendo recursos para el Hospital Regional y medidas que permitan enfrentar la emergencia laboral.
