Con un empate de 24 votos a favor y 24 en contra, el Senado rechazó ayer una de las normas más controvertidas del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica: el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa.
El resultado obliga a enviar la iniciativa a una comisión mixta y posterga una definición que el Gobierno considera clave para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.
La votación cerró un debate que se arrastra desde 2023, y que en las últimas semanas había mostrado un escenario extremadamente estrecho. Ya en la sesión anterior la norma había registrado dos empates a 23 votos, por lo que su definición quedó pendiente hasta esta semana. Finalmente, la ausencia de la senadora Ximena Órdenes (IND-PPD), quien no alcanzó a llegar a la Sala debido a retrasos en su vuelo, terminó influyendo en un desenlace que mantuvo dividido al Senado.
La propuesta facultaba a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para requerir directamente antecedentes protegidos por secreto bancario, sin necesidad de una autorización judicial previa. Sus defensores argumentaban que ello permitiría seguir con mayor rapidez la denominada “ruta del dinero” de las organizaciones criminales. Sus detractores, en cambio, advertían riesgos para el derecho a la vida privada y la necesidad de mantener controles judiciales sobre una medida considerada intrusiva.
En ese escenario, los senadores por Ñuble quedaron nuevamente en posiciones opuestas.
Golpe a los patrimonios
La senadora del PPD, Loreto Carvajal, votó a favor de la norma y sostuvo que el avance de las organizaciones criminales exige herramientas más ágiles para rastrear movimientos financieros sospechosos.
“Mi voto será absolutamente a favor de este proyecto”, afirmó durante la discusión. La parlamentaria argumentó que “la contingencia genera la necesidad de avanzar más rápido en legislación que fortalezca, sobre todo, los tentáculos del crimen organizado”.
Carvajal vinculó su postura con investigaciones recientes, como la denominada Operación Tokio, señalando que estos casos han puesto en evidencia debilidades en los mecanismos de control financiero. “Como país, efectivamente, debemos avanzar en requerir con urgencia y, sobre todo, pesquisar la ruta del dinero”, sostuvo.
La senadora añadió que las organizaciones criminales deben ser golpeadas en su estructura económica. “Las organizaciones criminales transnacionales no solo deben combatirse en las calles, sino que también deben perseguirse sus patrimonios y sus ingresos ilícitos”, expresó, agregando que la rapidez investigativa es un elemento fundamental frente a bandas cada vez más sofisticadas.
Detección oportuna
Desde la otra vereda, el senador UDI Gustavo Sanhueza respaldó el rechazo de la propuesta, argumentando que el problema principal no radica en el secreto bancario, sino en la capacidad institucional para detectar oportunamente operaciones sospechosas.
“¿El tema de fondo es realmente el secreto bancario? ¿O es que nuestra institucionalidad no ha sido capaz de tener las alertas tempranas para poder, efectivamente, combatir este tipo de cosas?”, planteó durante su intervención.
El legislador sostuvo que los actuales mecanismos ya permiten acceder a información bancaria cuando existe una investigación fundada. “Hoy día opera y funciona, la apertura de las cuentas bancarias funciona de manera ágil cuando es solicitada”, afirmó.
Sanhueza defendió la necesidad de mantener una autorización judicial previa, comparando el acceso a cuentas bancarias con otras diligencias intrusivas. “¿Puede un policía llegar y entrar a un domicilio hoy día? No, necesita una autorización. ¿Se puede llegar y revisar un teléfono hoy día? No, necesita una autorización”, afirmó.
Para el parlamentario, la discusión debe enfocarse en fortalecer las capacidades de persecución financiera sin debilitar las garantías constitucionales. “Busquemos otros mecanismos para perseguir la ruta del dinero, pero con bases sólidas”, sostuvo.
Fórmula intermedia
Tras la votación, el proyecto quedó en manos de una comisión mixta que deberá buscar una fórmula de consenso entre ambas cámaras. Desde el Ejecutivo ya anticiparon que intentarán impulsar una alternativa que compatibilice la rapidez investigativa que reclaman los organismos persecutores, con los resguardos constitucionales exigidos por quienes rechazaron la norma.
La discusión se produce en medio de una creciente preocupación por el avance del crimen organizado y la capacidad del Estado para seguir los flujos financieros asociados al narcotráfico, el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
