A casi ocho años de la entrada en vigencia de la Ley Nº21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la objeción de conciencia del personal de salud fue objeto de un nuevo análisis a nivel nacional.
Un informe, difundido en mayo recién pasado por la Corporación Humanas, detectó barreras y desigualdades territoriales en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Chile.
Sus principales resultados arrojaron que, entre junio de 2024 y diciembre de 2025, se realizaron 1.065 abortos bajo el cumplimiento de las condiciones de riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación. De este total, 103 se efectuaron en establecimientos de salud privados y 962 en públicos.
En el caso de la Región de Ñuble, durante ese periodo no se reportaron interrupciones del embarazo en el sector privado, sin embargo, en el sector público se registraron un total de 39, por parte del SSÑ, siendo 17 por la primera causal, ocho por la segunda y 14 por la tercera. En la región, no hubo traslados a otros establecimientos, a diferencia de otras como Metropolitana, Valparaíso, La Araucanía y Biobío, donde hubo 15 derivaciones en total. Si bien la cifra es baja para el universo de casos, para la Corporación esto no permite descartar la existencia de obstáculos en el acceso.
De acuerdo a información del Minsal, actualizada a octubre de 2025, de un total de 1.412 médicos/as obstetras contratados, el 40,4% se declara objetor en causal violación, mientras que el 20% en inviabilidad fetal. En relación con médicos anestesistas, el 18,8% objeta en la causal violación, seguidos por técnicos/ as paramédicos/as con un 11% en esta misma causal. En tanto, el 13,7% de los obstetras y el 9,6% de los anestesiólogos se niega a ejecutar este procedimiento en caso de riesgo de vida de la madre.
Al desagregar los resultados por servicios de salud, La Araucanía Norte presenta el mayor porcentaje de médicos obstetras que rechazan practicar esta intervención en causal de agresión sexual con un 82,4%, seguido por Maule con un 63,5% y el Servicio de Salud O’Higgins con un 63,3% entre las 29 reparticiones a nivel nacional.
En el caso del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), el 51,4% de los obstetras se declara contrario a realizar una interrupción del embarazo a una mujer violada, ubicando a la región en el octavo lugar con mayor porcentaje de objeción en esta condicionante.
Los datos del informe dan cuenta que 34 hospitales públicos del país que aplican la ley IVE presentan un 40% o más de personal médico opositor a practicar un aborto a una víctima de ataque sexual.
La causal de violencia sexual concentra el porcentaje más elevados de objeción de conciencia, superando en seis hospitales el 80%. Entre ellos, el Sótero del Río y los hospitales de Victoria, Santa Cruz, La Florida y hospital del Pino.
En la red asistencial de Ñuble, los hospitales de Chillán y San Carlos, son los principales recintos médicos donde se implementa la ley IVE.
El estado de objeción de conciencia es dispar. Mientras en el hospital Benicio Arzola los ocho médicos especialistas efectúan abortos bajo las tres causales, en el Herminda Martín de los 33 contratados, a la fecha del informe, el 60,6% se niega a practicar esta intervención en caso de ataque sexual y 24,2% tanto en causal inviabilidad fetal como riesgo vital, respectivamente.
“El Hospital de San Carlos registra un 0% de objeción de conciencia en las tres causales, lo que constituye una buena noticia para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud y, además, demuestra que es posible contar con equipos médicos que aseguren el acceso oportuno a las prestaciones contempladas en la Ley IVE. Preocupa la situación del Hospital de Chillán que pese a compartir el mismo nivel de complejidad, cuenta con una dotación mayor de especialistas. En este hospital, el 60,6% de los y las médicos/as obstetras se declara objetor de conciencia en la causal de violación. Esto significa que, de los 33 profesionales contratados, 20 son objetores. Se trata de una cifra elevada que, además, se ha mantenido de forma persistente en el tiempo, lo que plantea desafíos para garantizar el acceso oportuno”, sostiene la socióloga e investigadora de la Corporación Humanas, Javiera Ramírez Palominos.
Casos de violación
La concentración de objeción de conciencia continúa siendo particularmente alta en la causal violación, tendencia que se mantiene desde la entrada en vigencia de la normativa.
“La alta concentración de objeción de conciencia en causal violación evidencia que persisten estigmas y cuestionamientos hacia quienes buscan acceder a estas prestaciones, especialmente niñas, adolescentes y víctimas de violencia sexual. Esto no es solo una discusión administrativa o regulatoria: tiene impactos concretos en la vida y la salud de las personas”, aclara Jennifer Alfaro Montecinos, coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico de Corporación Humanas.
Para las investigadoras, los antecedentes muestran que las posibilidades de acceder efectivamente a la Ley IVE continúan siendo desiguales según el territorio y la capacidad de respuesta de cada establecimiento de salud.
“Detrás de estas cifras existen trayectorias de atención marcadas por retrasos, derivaciones, desinformación y obstáculos institucionales que afectan especialmente a quienes ya se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”, advierte Jennifer Alfaro.
Por esta razón, Javiera Ramírez enfatiza que en el principal recinto hospitalario de Ñuble resulta fundamental fortalecer el monitoreo y la transparencia, para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia no genere barreras de acceso para mujeres, niñas y personas gestantes que requieren una interrupción voluntaria del embarazo. “La existencia de establecimientos sin objetores permite garantizar una atención oportuna desde la entrega de información, la constitución de la causal hasta la realización del procedimiento”, añadió.
“Se ha dado atención”
En respuesta, desde el Servicio de Salud Ñuble (SSÑ) confirman que se ha dado atención médica a quienes han invocado la ley IVE.
“La Red Asistencial ha asegurado la atención de toda persona que lo requiera, resguardando el cumplimiento de la normativa vigente, la oportunidad de atención y el acompañamiento integral”, asegura Ivette Retamal Jelves, matrona del programa Salud Sexual y Reproductiva del Servicio de Salud Ñuble.
En el caso del complejo asistencial de Chillán, la profesional indica que este adoptó un sistema de turnos de médicos no objetores para garantizar una atención pertinente y oportuna.
“El Hospital Clínico Herminda Martín, establecimiento que concentra el mayor número de casos asociados a la Ley IVE en la región, ha implementado una organización de turnos que permite contar con médicos gineco obstetras no objetores cuando se requiere brindar atención. En caso de no existir disponibilidad inmediata, se activa la derivación o contacto con el profesional correspondiente para asegurar la atención integral”, confirma.
La profesional admite que en el presente este recinto hospitalario está desarrollando un protocolo de derivación.
“El Hospital Clínico Herminda Martín cuenta con protocolos de referencia y contrarreferencia y, además, se encuentra elaborando un protocolo interno específico de referencia y derivación para casos asociados a la Ley N°21.030. Por su parte, el Hospital de San Carlos basa su atención en la Norma Técnica Nacional y en el protocolo de atención integral a mujeres y personas gestantes que se encuentran en alguna de las tres causales contempladas por la ley”, revela.
51 médicos objetores de 71 en Ñuble
El SSÑ entregó información actualizada de su personal de salud contrario a efectuar abortos bajo riesgo vital, inviabilidad fetal o violación.
Según precisaron la red asistencial cuenta con 168 profesionales y técnicos contratados y capacitados para participar en este proceso y garantizar esta prestación. De ellos, 41 corresponden a médicos y médicas gineco obstetras; 30 a anestesistas; y 97 a profesionales no médicos y técnicos.
En el caso de los médicos y médicas gineco obstetras, ocho son objetores de conciencia en causal 1, ocho en causal 2 y 20 en causal 3. Respecto de los anestesistas, cuatro son objetores en causal 1, cinco en causal 2 y seis en causal 3. En tanto, entre los profesionales no médicos y técnicos, 12 son objetores en causal 1, 18 en causal 2 y 19 en causal 3.
“Las razones responden a decisiones individuales de los profesionales, generalmente vinculadas a convicciones personales o creencias, sin que exista un registro institucional del motivo específico declarado por cada persona”, dice la matrona Ivette Retamal.
Conocido el informe, la institución de salud enfatiza efectuar buenas prácticas, exponiendo sus estrategias y certificaciones. Como la implementación del “código naranja”, que permite a una mujer o persona, víctima de violencia sexual, solo informar su situación para activar la atención, tanto en el marco del GES 86 como de la causal N°3 de la Ley N°21.030.
También destacan los reconocimientos otorgados por Observadoras de la Ley de Aborto (OLA Chile), tras mediciones sobre disponibilidad de información, la calidad de atención, formación y adecuada regulación de la objeción de conciencia.
“Uno de los elementos destacados de la experiencia institucional es el trabajo coordinado entre profesionales objetores y no objetores de conciencia, permitiendo mantener la continuidad de la atención y asegurar el acceso oportuno a los procedimientos y prestaciones contempladas en la Ley 21.030. (…) Nuestro hospital es uno de los diez establecimientos públicos del país certificados en buenas prácticas para la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, valora María Teresa Higuera Arias, Gestora de los Cuidados de Matronería Hospital Clínico Herminda Martín.
Ley tres causales
Entre 2020 y 2025 se realizaron 63 interrupciones del embarazo bajo la ley de tres causales en Ñuble. Las causales 1 y 2 concentraron la misma cantidad de procedimientos (22 casos cada una), mientras que la causal 3 registró 19 interrupciones. El año con más abortos fue 2025, con 18 procedimientos, seguido de 2024, con 13.
Al ser consultada la seremi de la Mujer y Equidad de Género, María José Pérez, sobre una evaluación del desempeño de la ley IVE en Ñuble y en particular sobre el estado de la objeción de conciencia a la luz de este estudio responde que “es una materia que corresponde al sector salud y a las autoridades sanitarias”.
Sin embargo, la seremi asegura que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo permanecerá vigente sin cambios.
“Se mantendrá y no se harán modificaciones sobre el aborto en tres causales, sin embargo, impulsar una ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 no es una de las prioridades que tenemos actualmente. (…) Respecto de otros proyectos que se encuentren en tramitación, estos forman parte del debate legislativo que corresponde desarrollar al Congreso Nacional”, manifiesta.
