La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este lunes la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, principal imputada en el marco del denominado caso “muñeca bielorrusa”.
En la instancia, se rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de la investigada, que buscaba evitar la medida cautelar más gravosa durante las diligencias del caso, informó radio Cooperativa.
Los querellantes y el Ministerio Público valoraron la decisión, considerándola un respaldo que “le da más fuerza aún al caso”, y confirmando que se habrían configurado los delitos que se le acusan a Vivanco.
Por su parte, la defensa manifestó no estar satisfecha con esta resolución, pero considera que “abre la puerta a nuevas estrategias y eventuales recursos que va a discutir con su representada”.
Durante la audiencia, el Ministerio Público reafirmó los cargos imputados contra la otrora jueza: tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos por, presuntamente, haber recibido sobornos para favorecer -en sus fallos- al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un litigio contra Codelco, además de acelerar la tramitación de los recursos presentados por dicha empresa ante la Corte.
Descargos
Durante la audiencia, el abogado defensor de Vivanco, Jorge Valladares, apuntó -en primera instancia- a desestimar las acusaciones que pesan sobre su representada.
Según expuso el jurista en el tribunal, Vivanco no incurrió en una falta en la causa Belaz-Movitec, argumentando que la exjueza no tenía la obligación de inhabilitarse de las votaciones debido a que su relación de amistad era con uno de los abogados del consorcio, pero no con la sociedad como tal. A juicio de la defensa, no se cumplen los requisitos que establece la ley para la abstención.
También reprochó la tesis del Ministerio Público sobre la manipulación de causas en la Tercera Sala de la Corte Suprema, argumentando que el orden de las tablas y la vista de causas es facultad de quien preside la instancia, cargo que Vivanco ejercía en los períodos cuestionados, descartando así una irregularidad administrativa.
Asimismo, Valladares apuntó contra el manejo de la investigación por parte de Fiscalía: “Aquí hay una exasperación de los hechos y una separación artificial de los acontecimientos”.
