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El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, valoró ante la Comisión de Economía del Senado el proyecto de Ley que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de aparatos tecnológicos, que incluye los teléfonos celulares.
La autoridad asistió a la instancia para entregar la visión institucional acerca de las implicancias que puede tener esta iniciativa desde el ámbito de la protección de los derechos de las y los consumidores.
Durante su intervención, el director del Sernac valoró esta iniciativa, pues a su juicio implica una serie de beneficios para las personas consumidoras, fortaleciendo el derecho a la libre elección de bienes y servicios y el cuidado del medio ambiente, además de plantear que también tienen que abordarse a futuro la estandarización de otros tipos de cargas, como las inalámbricas vía NFC u otras formas.
“Este proyecto va en la línea con la regulación internacional en esta materia, e implica una simplificación en el uso de los equipos y dispositivos electrónicos, contribuyendo a reducir residuos tecnológicos y a disminuir costos innecesarios”, recalcó Herrera, además de plantear la posibilidad de que los proveedores puedan vender estos productos con o sin cargadores o adaptadores de toma de corriente, aunque estableciendo la prohibición de venta atada.
Además, la autoridad comentó que es importante explicitar en este proyecto de ley algunas disposiciones, como, por ejemplo, que los accesorios (dispositivos de carga), son bienes durables, lo que implicará que las empresas deberán informar su durabilidad, tal como lo mandata establece la Ley Pro Consumidor.
Recordemos que este proyecto de ley establece una serie de aspectos que beneficiarán a las personas consumidoras, como el deber de los proveedores de garantizar la interoperabilidad común entre estos equipos y sus dispositivos de carga, de tal manera que todos se adapten a un puerto de carga único.
También este proyecto dispone como obligatorio para los dispositivos móviles de información y telecomunicaciones el cumplimiento de los procedimientos para la certificación de seguridad y calidad de los productos eléctricos establecido en el Reglamento para la certificación de productos eléctricos y combustibles.
En caso de incumplimiento a estas disposiciones, de aprobarse el proyecto, las empresas podrán recibir multas de hasta 300 UTM (alrededor de 19 millones 500 mil pesos) por cada infracción.
