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Los especialistas en temas penitenciarios saben que un individuo que delinquió se inserta mucho más eficazmente, tanto familiar y socialmente, cuando se trabaja con esas personas en el ámbito de la comunidad, pues se evita la contaminación criminógena tan difícil de erradicar y de sanar, en la convivencia entre iguales. La privación de libertad, en cambio, es una especie de cápsula que además de contaminar en muchos aspectos, oculta la realidad y las exigencias propias que demandan la calle y el ambiente laboral.
Por otra parte, mucho más amplio es el segmento que podemos abordar, con penas controladas en el medio libre, que al fin y al cabo, es el lugar en el que todo condenado al sistema cerrado en algún momento llegará. Y si bien es cierto que en esos espacios se puede rehabilitar, como lo han hecho instituciones como Infocap, Paternitas y Coresol, también lo es que son extremadamente reducidos y se encuentran colapsados, haciendo cada vez más difícil esta tarea.
La ciudadanía no debería perderse con discursos oportunistas y tener la certeza de la contundencia que tienen los análisis técnicos y, por supuesto, de la experiencia comprobada de que la seguridad de un país reposa en la oportunidad que se les brinda a los sectores más desprotegidos, incluyendo a sus presos.
Lamentablemente, una de las grandes deudas de la sociedad chilena y sus gobiernos es el sistema carcelario, sus usuarios directos, los presos, y los funcionarios que están a su cuidado y que son insuficientes y mal pagados, como también ocurre con los profesionales que atienden el cuidado de la salud de los reclusos, su enseñanza y la realización de actividades laborales y de recreación.
En el caso de la cárcel de Chillán, el último informe del Instituto de Derechos Humanos es concluyente en cuanto a que no existen las condiciones terapéuticas para tratar a infractores por Ley de Drogas, como tampoco instancias efectivas de rehabilitación.
Estas limitaciones reducen la aspiración de recuperar socialmente a los presos y capacitarlos para el trabajo honrado en el futuro, una vez cumplidas sus condenas. Todo concurre, en cambio, para que el tiempo de prisión sirva para que el recluso se perfeccione en el delito.
Aunque el problema sea, como es evidente, de solución a largo plazo, en nuestro caso debe partir por la construcción de un nuevo recinto penal, iniciativa hoy cubierta de controversia por el lugar elegido por el Gobierno y el rechazo que generó en la comuna de San Carlos, relegando a un segundo o tercer plano el proyecto carcelario con enfoque en la rehabilitación, que se quiere implementar en la nueva cárcel regional.
Quienes han delinquido deben pagar la deuda que han contraído con la sociedad, pero ello no implica que internándolos se les niegue la legítima posibilidad de rehabilitarse y volver a ser pares de sus semejantes.
Las autoridades, y la sociedad en su conjunto, deben entender de una buena vez que una de las formas más eficaces de combatir el delito es evitar la reincidencia y eso solo puede lograrse apoyando la reinserción del liberado.
