El inicio inminente de las obras del Embalse Zapallar marca un hito largamente esperado para la Región de Ñuble. Con la entrega de terrenos programada y la presentación formal de los equipos técnicos que liderarán su ejecución, el proyecto entra en una fase decisiva que promete impactos relevantes en materia de seguridad hídrica, desarrollo productivo y adaptación al cambio climático. Sin embargo, este avance convive con un debate legítimo y necesario: el respeto irrestricto por la normativa ambiental y la protección de los ecosistemas donde se emplaza una obra de esta magnitud.
Zapallar es, sin duda, un proyecto estratégico. Su carácter multipropósito permitirá asegurar riego para cerca de 10 mil hectáreas, beneficiando a la agricultura familiar campesina y al sector productivo regional; ofrecerá herramientas para el control de crecidas e incendios forestales; y abre oportunidades para el turismo y, a futuro, incluso para el abastecimiento de agua potable. En una región marcada por la sequía estructural y la vulnerabilidad climática, contar con infraestructura hídrica es una necesidad impostergable.
Pero el desarrollo no puede ni debe construirse a costa del entorno natural ni de la confianza ciudadana. La revisión de la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, que será votada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble, se inscribe precisamente en ese equilibrio delicado entre avanzar y hacerlo bien. Que existan instancias de revisión, objeciones y fiscalización no debiera interpretarse como un obstáculo, sino como una garantía de que las decisiones se adoptan conforme a derecho y con estándares adecuados.
Las movilizaciones anunciadas por organizaciones sociales reflejan preocupaciones que merecen ser escuchadas. La experiencia reciente en el país demuestra que los proyectos que no incorporan tempranamente el diálogo y la transparencia terminan enfrentando judicializaciones prolongadas y conflictos territoriales que dañan a todos. Resulta clave que las mitigaciones ambientales comprometidas —como la reforestación de más de 800 hectáreas de bosque nativo, los procesos de relocalización y las medidas de protección de cursos de agua y biodiversidad— no solo estén en el papel, sino que se ejecuten con rigor, monitoreo permanente y participación de las comunidades.
Desde el Gobierno Regional se ha insistido en una postura que parece razonable: el embalse es fundamental para Ñuble, pero debe cumplir cada exigencia ambiental. Esa doble convicción es la que debe prevalecer. La presencia de equipos de inspección fiscal y la experiencia internacional de la empresa ejecutora pueden ser una fortaleza, siempre que el control público y el cumplimiento normativo sean efectivos y visibles.
El desafío, entonces, no es elegir entre desarrollo o naturaleza, sino demostrar que ambos pueden convivir. Zapallar puede transformarse en un ejemplo de infraestructura bien planificada, con beneficios sociales y productivos claros, y con un respeto efectivo por el entorno que lo acoge. Para ello, la institucionalidad ambiental debe actuar con independencia, y el proyecto debe asumir que su legitimidad se construye tanto con obras como con confianza.
Ñuble necesita agua, inversión y empleo. Pero también necesita certezas de que su patrimonio natural será resguardado. Avanzar con responsabilidad no es retrasar el progreso; es asegurar que este sea sostenible y perdurable en el tiempo.
