Cuando el pasado 20 de agosto de 2024, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó en Radio La Discusión, que no había planes ni presupuesto para una nueva cárcel regional para Ñuble, sus palabras dejaron la impresión de una lápida de hierro a las aspiraciones de los chillanejos de que se retire el recinto penal del centro de su ciudad.
Las quejas de autoridades y parlamentarios de la zona no surtieron efecto alguno y la Asociación de Funcionarios Penitenciarios de Ñuble advertía que en un futuro cercano la ya sobreexigida unidad carcelaria llegaría a los mil internos, pese a que su diseño contemplaba no más de 380 reos.
Cuando la idea se daba ya por desahuciada, el pasado martes, el delegado presidencial de Ñuble, Rodrigo García, reveló a LA DISCUSIÓN que ya había conversaciones con el Ejército para una posible cesión de predios en el terreno que la institución castrense posee en el sector de Quilmo.
“Respecto a la nueva cárcel, ya se hizo una visita al terreno que dispone el Ejército en la comuna de Chillán, y se está evaluando la factibilidad de construir ahí una nueva cárcel. Todavía se está evaluando y esperamos que eso quede encaminado para que la cárcel salga del centro de Chillán y se traslade a la periferia de la comuna”, comentó la autoridad, el pasado 11 de marzo.
Proyecto pasó al Senado
Como marco de lo anterior está la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, de un proyecto que exime de trámites y reduce los plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de este tipo de establecimientos.
La iniciativa pasó esta semana a al Senado, y será aplicable sólo para los establecimientos que el Presidente de la República determine mediante un decreto supremo.
Será el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el encargado de priorizar los trámites necesarios para la ejecución de los proyectos, los que deberán estar visados por el Ministerio de Hacienda.
Al respecto, la diputada por Ñuble, Marta Bravo, destacó que los penales del país se encuentran con un 140% de sobrepoblación, con un total de 59 mil personas privadas de libertad.
Respecto a la realidad de Ñuble, la parlamentaria comentó que “es un deber moral hacerlo, no solo para cambiar la fisonomía de un sector urbano importante de Chillán, sino que por la seguridad de nuestra región y por la integridad del personal de Gendarmería”, enfatizó.
Sobre la exposición de los gendarmes a los riesgos que supone el contacto con un grupo de personas condenadas por delitos violentos y pertenecientes a asociaciones criminales, la parlamentaria añadió que “el hacinamiento, sumado a las condiciones precarias de infraestructura, genera un caldo de cultivo para la transferencia de patrones y códigos criminales diferentes, lo que convierte a las cárceles en verdaderas escuelas del delito, sin contar el gran riesgo que enfrenta el personal de Gendarmería”
Finalmente, la diputada llamó a agilizar otro proyecto de ley que crea el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería de Chile, a fin de dotar a la institución de herramientas adecuadas para mantener el orden al interior de los establecimientos en los que se encuentren personas bajo un régimen especial de seguridad.
Hoy, la población penal de la cárcel local es de 802 internos.
