La instrucción en el Colegio Chillán, ubicado en calle Vega de Saldías, es clara y nadie la discute: los alumnos no pueden ir solos a la Plaza San Francisco.
“Es que las cosas se han vuelto un poco más riesgosas. No quiero decir que esto sea culpa de la cárcel ni de los familiares de los reos, pero algunos niños han sido asaltados y antes de la remodelación de la plaza el olor a marihuana era cosa de todos los días”, explica el profesor Marcos Llanos.
Mientras conversa, mira hacia el recinto penitenciario ubicado a media cuadra del establecimiento y recuerda que hace algunos años impartió talleres deportivos al interior del penal.
“Yo también trabajé ahí. Hice algunos talleres de fútbol, pero si ya entonces la situación era compleja, ahora con el tema de la droga es casi imposible trabajar con ellos. Y eso de la rehabilitación… olvídese”.
La expansión del tráfico de drogas también alteró la dinámica en el entorno de la cárcel. Los llamados “pelotazos”, lanzamientos de sustancias y otros elementos hacia el interior del recinto, dejaron de ser episodios aislados para transformarse en una escena habitual para quienes viven en el sector.
“A plena luz del día. A veces estoy regando el jardín cuando llegan los autos, se bajan unas personas y empiezan a lanzar cosas. No les importa que alguien los vea, les da lo mismo”, relata Pilar Martínez, vecina de calle Gamero.
Como su dormitorio da hacia la calle, asegura que las noches tampoco ofrecen mucho descanso. “Llegan, llaman por teléfono a los que están adentro y les avisan que les van a lanzar cosas. Eso cualquier vecino te lo puede contar”, detalla.
Pilar ha vivido toda su vida en el barrio. Por eso le cuesta reconocer el entorno en el que creció. “La gente se relacionaba con ellos. Vendían artesanías, cunas, guitarras, cinturones. Incluso me acuerdo que mi hermano les llevaba papel y ellos le hacían volantines”, narra. Eso se acabó.
Tras el terremoto de 2010, la fuga de internos y el incendio que destruyó viviendas de calle 5 de Abril, esa relación comenzó a deteriorarse. Algunas propiedades nunca volvieron a ocuparse y los vecinos aseguran que la sensación de inseguridad aumentó con los años.
“Lo que más molesta son los gritos. Todas las noches gritan. A veces porque se comunican entre ellos, otras porque los gendarmes les quitan esos palos que usan para recoger las cosas que les lanzan”, cuenta.
Hace una pausa y agrega: “¿Lo que más me asusta? Cuando amenazan a los gendarmes y les dicen que van a matar a sus familias. Y en las mañanas están los perros. Ladran, lloran, hacen mucho ruido. Uno termina acostumbrándose, pero no debería ser así”.
Vivir con miedo
Las escenas descritas por vecinos y funcionarios ocurren en torno a un recinto penitenciario construido hace más de ocho décadas y diseñado para albergar a unas 340 personas. Se encuentra en pleno centro de Chillán, en el cuadrante de las calles Isabel Riquelme, Vega de Saldías, 5 de Abril y Gamero.
Durante los últimos años la población penal ha superado ampliamente esa capacidad, llegando incluso a bordear el millar de internos.
Actualmente fluctúa entre los 650 y 700 reclusos, luego del traslado de parte de ellos al complejo penitenciario La Laguna, en la Región del Maule.
Mientras la ciudad continúa creciendo a su alrededor, la promesa de construir una cárcel regional, para sacar el penal del centro de Chillán, permanece atrapada en una larga cadena de estudios, anuncios y postergaciones. Desde el año 2008.
Y aunque autoridades de distintos sectores coinciden en la necesidad de trasladar el penal fuera del centro de Chillán, la definición sigue pendiente.
Entre decepciones y promesas
Para quienes han seguido durante años la historia de la cárcel de Chillán, el problema no radica únicamente en la convivencia entre el recinto penitenciario y la ciudad. También está la sensación de estar atrapados en una discusión que parece repetirse generación tras generación.
La promesa de una nueva cárcel regional para Ñuble ha atravesado gobiernos de distintos signos políticos, ministros, intendentes, delegados presidenciales, parlamentarios y alcaldes. Se han estudiado terrenos, evaluado alternativas y anunciado avances que, finalmente, terminan chocando con el mismo obstáculo: nadie parece querer una cárcel cerca de su comunidad.
Para Claudio Martínez, director regional de Patrimonio, arquitecto y exdirector nacional de Gendarmería, allí se encuentra precisamente una de las razones que explican el escepticismo que históricamente ha existido entre funcionarios penitenciarios respecto de la posibilidad de concretar un nuevo recinto para la región.
“Lo que ocurre cuando se anuncia la construcción de una nueva cárcel es que se han opuesto las comunidades. Muchas veces se ha apoyado también con autoridades públicas, como los parlamentarios. Eso ocurrió en San Carlos, ocurrió en San Nicolás y también se puede encontrar en otras partes de Chile”, explica.
A su juicio, la historia reciente ha terminado instalando una percepción difícil de revertir. “Probablemente el escepticismo de los suboficiales tiene que ver con esa trayectoria histórica de lo que ha ocurrido cada vez que se comunica el anuncio de una cárcel. Nadie quiere avalar una decisión que es impopular y, por lo tanto, los suboficiales, razonablemente, son escépticos a lo que pueda ocurrir en el futuro”, añade.
La paradoja es que mientras las comunidades rechazan albergar nuevos complejos penitenciarios, las ciudades que ya cuentan con cárceles dentro de sus radios urbanos reclaman exactamente lo contrario: que sean trasladadas.
El fenómeno no es exclusivo de Chillán. También se observa en San Carlos y Quirihue, donde las autoridades comunales sostienen que los antiguos recintos penitenciarios han quedado rodeados por el crecimiento de la ciudad y limitan nuevas posibilidades de desarrollo urbano.
Martínez cree que parte de la discusión se ha concentrado durante años en aspectos equivocados. “Durante mucho tiempo las cárceles eran un elemento pasivo. La gente cumplía condena y no tenían un gran impacto en relación con el mundo exterior. Hoy sabemos que las cárceles son utilizadas por bandas de crimen organizado para seguir cometiendo delitos. Eso cambia radicalmente la relación con la ciudad”, sostiene.
La afirmación coincide con varios de los testimonios recogidos en el entorno de la cárcel chillaneja, donde vecinos describen lanzamientos de droga, comunicaciones permanentes con el exterior y un ambiente que consideran cada vez más complejo.
Para el arquitecto, ese cambio en la naturaleza del fenómeno penitenciario obliga también a revisar el papel que cumplen estos recintos dentro de las ciudades.
“Hoy se puede suponer razonablemente que las cárceles, en alguna medida, contaminan el entorno cuando se trata de bandas que establecen comunicación con el exterior para seguir cometiendo delitos”, advierte.
No se trata solamente de un asunto de seguridad. También hay una dimensión urbana, simbólica e incluso económica.
La cuadra que ocupa actualmente el penal de Chillán corresponde a uno de los terrenos mejor ubicados de la ciudad. Se encuentran a pasos del centro histórico, de establecimientos educacionales, edificios públicos, áreas comerciales y espacios patrimoniales. Y frente a una plaza en fase final de remodelación.
Por eso, cada vez que se reabre la discusión sobre una cárcel regional, también reaparece otra pregunta: qué debería hacerse con ese terreno si finalmente el recinto fuera trasladado.
El exdirector nacional de Gendarmería tiene una respuesta clara.
“Yo personalmente alguna vez propuse hacer una gran plaza cívico-cultural para la ciudad, un gran centro cultural, al estilo de lo que es el Centro Cultural La Moneda en Santiago”, comenta.
Sin embargo, advierte que cualquier intervención futura debería respetar la memoria histórica del lugar. “La cárcel es parte de la historia de la ciudad. La intervención que ahí se haga debiera conservar, en alguna medida, la memoria histórica del lugar. No olvidemos que ahí han ocurrido hechos importantes de la vida de Chillán”, plantea.
La idea de transformar el recinto en un nuevo polo de servicios, cultura o equipamiento público es compartida por diversos actores locales.
Sin embargo, para llegar a esa etapa primero debe resolverse una pregunta mucho más básica: dónde construir la nueva cárcel.
Y es precisamente en ese punto donde el proyecto vuelve a enfrentarse con la incertidumbre.
Compromiso del GORE
Hace algunos meses, el gobernador regional Óscar Crisóstomo valoró la obtención de recursos para desarrollar la etapa de prefactibilidad del proyecto, paso considerado clave para avanzar en la definición de terrenos, costos y características de un eventual complejo penitenciario regional.
Desde el Gobierno Regional han insistido en que la discusión sobre la necesidad de una nueva cárcel está prácticamente zanjada y que ahora corresponde adoptar decisiones concretas para materializarla.
El reciente cambio de administración, sin embargo, volvió a instalar dudas respecto del ritmo que tendrá la iniciativa.
Consultado por Radio La Discusión, el delegado presidencial regional, Diego Sepúlveda, aseguró que el proyecto continúa siendo parte de las prioridades del Ejecutivo.
“Hoy es necesario. Todas las cárceles del país tienen una sobrepoblación. La decisión de este gobierno, también, es sacar la cárcel del centro de Chillán”, afirmó.
La autoridad añadió que ya se han retomado conversaciones con distintos organismos para evaluar posibles alternativas de emplazamiento.
“Estamos iniciando o retomando las conversaciones que, en su oportunidad, se habían tomado en relación a ver, posiblemente, dónde se podría emplazar esta nueva cárcel de Chillán. Se había conversado, en alguna oportunidad, allá en el Fundo Quilmo”, sostuvo.
Respecto del trabajo conjunto con el Gobierno Regional, Sepúlveda destacó que existe disposición para avanzar coordinadamente.
“Las relaciones con el Gobierno Regional son buenas, son muy republicanas, muy institucionales. Yo espero que, en la medida en que el Gobierno Regional se comprometa con algún tipo de financiamiento, lo pueda ejecutar. Pero, sin duda, estas son políticas de Estado”, dijo.
Por ahora, sin embargo, la nueva cárcel sigue siendo una promesa. Una que para los vecinos de la Plaza San Francisco se mide en gritos nocturnos, pelotazos y restricciones para los escolares. Para las autoridades comunales, en oportunidades urbanas perdidas. Y para los gobiernos de turno, en un proyecto que todos consideran necesario, pero que sigue esperando una decisión definitiva.
Las otras capitales de Ñuble
Cuando se habla de la necesidad de sacar el penal chillanejo del centro de la capital regional, normalmente se apunta a su cercanía con plazas, colegios, iglesias y otros servicios públicos.
También se insiste en que una cárcel de esas dimensiones ya no resulta compatible con la imagen ni las necesidades de una ciudad capital.
Sin embargo, las otras capitales provinciales de Ñuble rara vez son consideradas en esta discusión.
Tanto Quirihue como San Carlos también conviven con recintos penitenciarios insertos en sus radios urbanos y, hasta ahora, sus autoridades habían tenido escasa participación en un debate que las afecta de manera similar.
Y claro, no les gusta más que a los chillanejos.
Mientras en Quirihue la preocupación apunta a una infraestructura considerada precaria y a fenómenos que comienzan a replicar situaciones observadas en ciudades más grandes, en San Carlos la cárcel ha terminado por integrarse al paisaje urbano cotidiano.
Eduardo Redlich, alcalde de Quirihue, advierte que el establecimiento penitenciario de su comuna “es de muy baja infraestructura, es de madera y está en constante riesgo”, razón por la que incluso se han desarrollado ejercicios conjuntos con Bomberos para enfrentar eventuales emergencias”.
A ello suma una inquietud respecto de la evolución del fenómeno delictual en el país. “Hoy los lanzamientos son esporádicos, pero la población penal sigue creciendo y las medidas de seguridad siguen siendo las mismas”, observa.
En San Carlos, en cambio, la percepción es distinta. Sí, el recinto se encuentra próximo al hospital y a establecimientos educacionales, pero Méndez sostiene que la ciudad ha aprendido a convivir con él.
“La cárcel está en medio de la ciudad, pero nos hemos acostumbrado como sancarlinos a vivir en su entorno”, comenta, aunque reconoce que el escenario podría cambiar en la medida que aumente la complejidad del fenómeno criminal.
Por lo mismo, aunque las urgencias sean distintas, tanto San Carlos como Quirihue terminan observando con interés cualquier avance que permita materializar una cárcel regional capaz de concentrar la población penal de Ñuble en un recinto moderno y especialmente diseñado para ese propósito.
