Desde hace tiempo se observa una preocupación cada vez mayor por parte de la comunidad respecto de las externalidades negativas que generan algunos locales comerciales, específicamente aquellos de expendio de alcoholes.
Por parte del nuevo gobierno comunal, el binomio “violencia-alcohol” ya fue tema de análisis a propósito de graves y sucesivos episodios en el mercado, y nuevamente instaló el debate público en torno a los controles al comercio de bebidas alcohólicas en Chillán, donde la cantidad de locales por habitantes supera en cerca de un 35% lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Esta proporción es de un local por cada 600 habitantes. Y en Chillán hay uno por cada 470 personas.
Es justo reconocer que han bajado un poco los últimos 5 años, debido a una política más restrictiva para otorgar y renovar patentes, aunque no siempre funciona, pues hay varios antecedentes de contribuyentes que ganaron juicios en la Corte de Apelaciones de Chillán, logrando revocar la decisión municipal de rechazo.
En todo caso, a nivel comunitario la sensibilidad es todo lo opuesto, y cada vez hay más personas y representantes vecinales y políticos que son partidarios de intensificar las regulaciones al funcionamiento de establecimientos que venden alcohol, apelando a la propia Ley de Alcoholes, que justamente faculta a los municipios para dictar ordenanzas específicas que regulen o restrinjan el horario de funcionamiento, así como su ubicación y la entrega de patentes.
Podría ser una opción, pero hay que tener mucho cuidado en su diseño y aplicación. El último antecedente en esta materia es malo. Pues pese a que fue el resultado de casi tres años de análisis, debates y cabildeos, la implementación de la última ordenanza de alcoholes no dejó conforme a nadie y prácticamente no se aplicó en el ámbito de la fiscalización.
Un punto clave para los nuevos ediles es conocer en detalle la ubicación de las patentes actualmente activas, para así determinar cuáles son los barrios más saturados. Con ese insumo, tendrían mayores argumentos a la hora de permitir o rechazar nuevas patentes o la renovación de las mismas.
Existe la idea, que la concentración de locales ha generado más de un problema de ruidos molestos y de desórdenes en la vía pública, sin embargo, tal diagnóstico -acertado en el caso de sectores residenciales- no puede desconocer que la concentración también es positiva, si lo que se quiere es zonificar la distribución de dichos establecimientos. En términos de logística policial, es mucho más eficiente la concentración cuando se requieren patrullajes constantes. Igualmente, el mejoramiento de los niveles de seguridad, así como el control de los desórdenes en la vía pública, no se solucionan limitando el horario de funcionamiento, ya que las riñas se pueden producir tanto a las 2 como a las 5 de la mañana. Por ello, es conveniente escuchar a la comunidad, pero también a los empresarios y trabajadores de locales al momento de debatir este tema.
Es de esperar que el nuevo concejo municipal aborde con la debida dedicación su responsabilidad de dotar a la ciudad de una reglamentación clara y moderna para esta materia, pensando en el largo plazo, y no sobre la base de la coyuntura, popularidad y eventual presión de algunos grupos de interés.
