En nuestro país son cada vez más los integrantes de la tercera edad que podrían estar viajando, descansando o pasando tiempo con sus nietos o amigos, pero en lugar de ello continúan trabajando de manera remunerada. Se trata de un grupo creciente de la llamada generación Baby Boomers (nacidos entre 1945 y 1964) que ha ido postergando su retiro y al que los especialistas llaman “generación Nono”, porque no quieren o no pueden jubilar, debido a las pensiones de miseria que recibirían.
Los resultados de la VI Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez UC-Caja Los Andes confirma la tendencia de estudios anteriores de que en Chile la población mayor participa crecientemente en el mercado laboral. Las cifras presentadas el año pasado coinciden con cifras oficiales de la OCDE que sugieren el rápido crecimiento del trabajo en personas mayores en Chile, posicionándolo entre los países con mayor participación laboral junto a naciones como Japón, Islandia, Corea, Estonia y México.
Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los países de la OCDE que han introducido políticas de envejecimiento activo en la vejez y reformas legales para aumentar la edad legal de jubilación, el notable incremento de personas mayores en el mercado del trabajo en Chile no es resultado de reformas políticas destinadas a un retiro más tardío, sino a la necesidad de continuar laborando, pues el monto de sus jubilaciones no les alcanzaría para vivir.
El 72% de las pensiones actualmente en Chile son inferiores al salario mínimo, que se ubica en 460 mil pesos, y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza, es decir 228 mil pesos. Las mujeres son las más perjudicadas: menos de la mitad cotiza por más de 20 años y solo el 54% logra recibir una pensión financiada con sus ahorros.
La última reforma previsional realizada en 2008, durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, introdujo el Pilar Solidario y generó medidas para compensar las bajas pensiones que afectan principalmente a las mujeres, mientras que en la segunda administración de Sebastián Piñera se creó la Pensión Garantizada Universal (PGU) que ayudó a engrosar el aporte del Estado al monto de la jubilación para los mayores de 65 años.
Para el actual Gobierno que encabeza el Presidente Gabriel Boric, mejorar las pensiones fue una de sus principales promesas de campaña, pero lamentablemente las diferencias ideológicas y otras desviaciones políticas han frenado las iniciativas para avanzar en la solución a uno de los mayores problemas que aqueja a la sociedad chilena, donde envejecimiento y pobreza prácticamente se han convertido en sinónimos.
Por eso el gran desafío del Gobierno y de los partidos políticos oficialistas y de oposición es lograr un acuerdo que permita mejorar un sistema que ha sido muy beneficioso para el mercado de capitales, pero no para más de 500 mil personas mayores que al final de su vida laboral se ven enfrentadas a pensiones miserables que ni siquiera les permiten satisfacer sus necesidades básicas.
