El pasado 5 de febrero, el Consejo Directivo del Servicio Electoral dispuso la disolución de 13 partidos políticos, una vez concluido por el Tribunal Calificador de Elecciones el proceso de calificación de la elección de diputados y diputadas de 2025.
La decisión, fundada en los artículos 56 N°2 y 57 de la Ley N°18.603, marca uno de los ajustes más significativos del sistema de partidos desde la reforma que elevó las exigencias de representatividad.
La normativa establece que un partido se disuelve si no alcanza el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados en al menos ocho regiones, o en tres regiones geográficamente contiguas.
También puede subsistir si logra elegir un mínimo de cuatro parlamentarios -diputados o senadores- en esa elección.
En esta ocasión, 13 colectividades no cumplieron esos requisitos y fueron notificadas.
La resolución afecta al Partido Radical de Chile, Evolución Política (Evópoli), Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Partido Igualdad, Partido Popular, Partido Social Cristiano (PSC), Partido de los Trabajadores Revolucionarios, Partido Humanista, Alianza Verde Popular, Demócratas Chile, Movimiento Amarillos por Chile, Partido Ecologista Verde y Acción Humanista.
Más allá del cumplimiento formal de la ley, la medida reabre el debate sobre el equilibrio entre gobernabilidad y pluralismo. Mientras el Servel sostiene que actúa en estricto apego a la normativa, dirigentes regionales interpretan el momento como una redefinición forzada del mapa político, con efectos directos en territorios donde algunas de estas colectividades mantienen arraigo histórico.
Preservar la historia radical
En Ñuble, el caso del Partido Radical es emblemático. La colectividad tuvo representación parlamentaria con el exdiputado Carlos Abel Jarpa y ha contado con alcaldes históricos como Aldo Bernucci en Chillán y Richard Irribarra en Quirihue.
Ese capital territorial es el que hoy invocan sus dirigentes para sostener que la historia del radicalismo no puede medirse solo por el último guarismo electoral.
Yerson Soto, vicepresidente regional radical, confirmó que la colectividad interpondrá un recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), cuestionando la interpretación administrativa aplicada.
A su juicio, la norma invocada para la disolución estaría subordinada a la ley orgánica constitucional que regula a los partidos. En paralelo, adelanta que la militancia ya prepara un eventual proceso de reinscripción, que en Ñuble exige reunir al menos mil afiliados.
Representatividad versus exigencias legales
Tanto en el oficialismo como la oposición se repite una misma escena: apelaciones en preparación, estrategias jurídicas y planes alternativos.
En Evópoli, su presidente regional, Jorge Ávila, confirmó la notificación y señaló que el partido presentará un recurso liderado por el exministro, Juan José Ossa.
“Más allá del resultado administrativo, Evópoli seguirá defendiendo las ideas que le dieron origen, porque el espacio liberal de centroderecha continúa siendo necesario en Chile”.
Agregó que “este proceso también debe servir para reflexionar sobre la relación entre exigencias legales y representatividad territorial, especialmente en regiones donde tenemos autoridades electas”.
La controversia se centra en si pueden contabilizarse senadores electos en 2022 que aún están en ejercicio para completar el mínimo de cuatro parlamentarios. El Servel ya había fijado criterio en junio de 2025, señalando que no corresponde sumar a los senadores de regiones que no se renuevan en la elección respectiva.
Desde la directiva nacional, Juan Manuel Santa Cruz ha sostenido que sí cumplen el requisito, al considerar diputados y senadores en ejercicio. La resolución final del Tricel será determinante no solo para la supervivencia formal del partido, sino también para el mensaje político respecto de la interpretación de los umbrales.
Nuevo partido: Partido Cristiano de Chile
En el caso del Partido Social Cristiano, su presidenta nacional, Sara Concha, explicó que desde diciembre iniciaron un proceso paralelo de reinscripción bajo el nombre de Partido Cristiano de Chile, anticipándose a un eventual escenario adverso.
La estrategia apunta a consolidarse en Ñuble y La Araucanía, regiones donde identifican mayor fortaleza.
“La conformación del nuevo partido busca dar continuidad al trabajo político que miles de militantes han impulsado durante los últimos años”, manifestó.
Agregó que “creemos que la ciudadanía necesita opciones políticas diversas, y por eso nuestro esfuerzo apunta a reconstruir un proyecto con presencia nacional en el menor tiempo posible”.
Más categórico fue el presidente regional de Amarillos por Chile, Reinaldo Figueroa, quien confirmó la disolución, y anunció que seguirán funcionando como movimiento político mientras evalúan la creación de un nuevo partido junto a fuerzas afines de centro o socialdemócratas.
En su declaración, agradeció a militantes y expresó confianza en el nuevo ciclo político.
Distinta fue la decisión de Demócratas Chile, liderado por Ximena Rincón, que optó por no recurrir y despedirse formalmente de su militancia, asumiendo la resolución. El gesto contrasta con la ofensiva judicial de otras colectividades y revela estrategias divergentes ante un mismo escenario normativo.
En tanto, la liquidación de activos y pago de pasivos de los partidos disueltos deberá ajustarse al instructivo general de liquidación de partidos políticos. Ese proceso administrativo, menos visible que la disputa jurídica, también tendrá efectos en el funcionamiento territorial y en la proyección de liderazgos locales.
El debate político
En términos sistémicos, la disolución de 13 partidos tensiona el debate sobre fragmentación. Para algunos analistas, la exigencia del 5% busca evitar la atomización y fortalecer bloques con mayor respaldo ciudadano. Para otros, el umbral puede dejar fuera expresiones políticas con arraigo local pero sin proyección nacional suficiente.
En Ñuble, donde la política mantiene un fuerte componente territorial, la eventual desaparición formal de partidos históricos obliga a reconfigurar alianzas y plataformas de competencia.
Concejales, cores y dirigentes deberán definir si migran a otras colectividades, impulsan nuevas inscripciones o apuestan por movimientos en formación.
El desenlace dependerá ahora del Tricel. Si acoge recursos, podría reinterpretar el alcance de los requisitos; si los rechaza, acelerará la reinscripción y eventuales fusiones.
En ambos casos, el sistema político chileno enfrenta una depuración que no solo es jurídica, sino también simbólica: la tensión entre historia partidaria y rendimiento electoral inmediato.
Mientras tanto, en sedes regionales y reuniones de militantes, la consigna se repite con matices distintos pero un mismo trasfondo: defender ideas, preservar identidades y no desaparecer del debate público.
La resolución del Servel cierra un ciclo, pero abre otro, marcado por la incertidumbre y la disputa por la representación en un escenario cada vez más exigente.
