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Usuarios incumplen sobre el 15% de las horas que solicitan en la salud pública

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Fue en el contexto de las exigencias ministeriales por mejorar la eficiencia hospitalaria, que la red asistencial de la Salud Pública de Ñuble ha elaborado diversos informes sobre el uso de sus recursos y los resultados obtenidos. Y es de estos estudios que se desprende que sobre un 15% de los usuarios que piden horas de atención, las terminan incumpliendo.

Y esto, “no es tan solo en intervenciones quirúrgicas, en mantenciones, gestiones de camas, sino que también en atenciones ambulatorias. Históricamente, esta cifra ha sido un dolor de cabeza para nosotros”, explicó la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca.

Por años, desde el mismo servicio público se ha tratado de ser empáticos con quienes los dejan plantados, pensando en los obstáculos que suponen vivir en una región de asentamientos apartados, poca cobertura de conexión digital o en la cantidad de adultos mayores que no cuentan con redes familiares de apoyo.

“Pero hemos estado trabajando mucho en eso, y siempre se les está llamando para confirmar, para preguntarles si tienen algún problema y casi siempre confirman asistencia, y luego no aparecen”, añade.

Incluso, cuando se trata de horas de atenciones complejas y los pacientes no han podido ser contactados, “se acude a las juntas de vecinos o incluso a Carabineros, pero nuestra política es la de agotar todas las instancias”, asegura la titular del SSÑ.

Dentro de las atenciones que más incumplimientos registran figuran las de medicina interna, traumatología, oftalmología, ginecología y cirugía general. En 2023, se perdieron cerca de 37 mil horas.

Elizabeth Abarc añade que “esa productividad que se pierde, se podría haber ocupado quizás en otros usuarios, considerando que tenemos tiempos de espera que no son menores y la mediana de espera para una atención de especialidad, es de 250 días”.

Calculando, ahora, los costos que los usuarios se perdieron por haber desaprovechado una atención en el sistema público se estima un monto de aproximadamente $250 millones.

Por el momento, no hay otras estrategias que las campañas educativas, para evitar este fenómeno.

Felipe Ahumada

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