La Declaración de Copiapó, suscrita por unanimidad por diarios, revistas y medios digitales de todo Chile durante el XXXIV Encuentro de Diarios Regionales, plantea una discusión que va mucho más allá de los intereses de la industria de las comunicaciones: ¿quién debe beneficiarse del trabajo periodístico en la era de la inteligencia artificial?
La pregunta es pertinente porque detrás de cada noticia que hoy puede ser procesada, resumida o reproducida por una plataforma tecnológica existe un trabajo profesional que no se genera espontáneamente. Hay periodistas que buscan antecedentes, contrastan versiones, verifican datos, investigan y asumen la responsabilidad editorial de lo que publican. Ese proceso tiene un costo económico y social que no puede quedar invisibilizado bajo el argumento de la innovación tecnológica.
La inteligencia artificial abre oportunidades indiscutibles para mejorar el acceso a la información, pero su desarrollo no puede sostenerse sobre la utilización gratuita y no autorizada de contenidos producidos por terceros. La exigencia de transparencia, trazabilidad y licencias para el uso de material periodístico no constituye una resistencia al progreso, sino una condición básica para que este sea compatible con el respeto a la propiedad intelectual y la sostenibilidad de quienes generan información.
La advertencia adquiere especial relevancia para los medios regionales. Su fragilidad económica no es un secreto y su aporte a las comunidades tampoco debería estar sujeto a dudas. En muchas localidades, la prensa regional es el principal espacio de fiscalización de las autoridades, seguimiento de los problemas cotidianos y visibilización de demandas que difícilmente encuentran cabida en las agendas nacionales. Su papel durante emergencias y catástrofes, demuestra que no son un actor accesorio de la vida pública.
Por eso, también resulta fundamental que se cumpla la obligación legal de destinar al menos el 40% del avisaje estatal a medios con clara identificación local. No basta con que la norma exista: el Estado debe transparentar su aplicación y el Congreso fiscalizar que los recursos lleguen efectivamente a los medios que la ley busca fortalecer.
La libertad de prensa, por otra parte, exige cautela frente a iniciativas legislativas que, bajo el propósito de proteger investigaciones penales, puedan terminar restringiendo la publicación de antecedentes de interés público. El secreto profesional y la posibilidad de informar sin amenazas indebidas son garantías esenciales de una democracia.
La Declaración de Copiapó reúne demandas legítimas, pero su valor dependerá de que se traduzcan en compromisos concretos. Proteger el periodismo no significa defender privilegios empresariales, sino resguardar las condiciones para que exista información independiente, plural y responsable. La tecnología puede transformar la manera en que nos informamos, pero no debe debilitar a quienes hacen posible que la ciudadanía conozca, comprenda y fiscalice la realidad.




