La reducción de 810 pesos que tendrá desde agosto el valor del peaje troncal de la Autopista del Itata detonó las críticas de los alcaldes y volvió a encender los ánimos de sus usuarios más frecuentes que, al igual que los jefes comunales de Chillán, Chillán Viejo y Bulnes, esperaban una rebaja mayor, tal como lo habían anunciado autoridades de gobierno el año pasado.
En efecto, en octubre del 2022, el entonces ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció que se equipararía la tarifa con la del peaje de Cabrero, lo que implicaba una rebaja de 1.600 pesos y no de 810 como finalmente se hizo. Esta misma promesa la replicó meses después el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien confirmó que tal reducción en el valor de la plaza de peaje Agua amarilla era parte de las exigencias que iban a incluirse en el nuevo contrato de concesión, que debe reemplazar al actual, en manos de la empresa Globalvía.
Tal contrato data de 1995 y según él, la empresa concesionaria incluso podría cobrar una tarifa mayor en horario punta, lo que le sirvió para negociar con el Ministerio de Obras Públicas, tal como lo hizo ahora, donde obtuvo una extensión hasta 2025.
Para nadie es un misterio que se trató de un mal acuerdo, donde los beneficiados no fueron precisamente los usuarios, y es que en ninguna parte de Chile se le cobra a los automovilistas más de 3 mil 500 pesos por recorrer 75 kilómetros de una carretera, lo que no se condice con una buena calidad en términos de seguridad, ya que es una de las más peligrosas entre las rutas concesionadas. De hecho, a los problemas derivados de su diseño, con numerosas curvas y cuestas, se suman falencias en su señalética y demarcación.
Bien lo dijo el alcalde de Chillán, Camilo Benavente: “Esta obra tuvo 25 años de concesión y hoy no cumple siquiera con los estándares de seguridad que se exigen a las otras rutas”, dijo el jefe comunal quien es también presidente de la comisión de Transportes y Obras Públicas de la Asociación de Municipalidades.
Desde la Seremi de Obras Públicas confirmaron la decisión de extender la actual concesión de la ruta del Itata hasta 2025. “Esto nos permite tener los tiempos para preparar la nueva licitación, escuchando y recogiendo de mejor forma las necesidades de las comunidades”, expresa un comunicado emitido la semana pasada. Allí también se explica que “el objetivo es que la nueva empresa concesionaria que se adjudique la licitación homologue el valor del peaje a un valor que sea equivalente al pago efectivo por kilómetro que hay en la ruta Concepción-Cabrero”, cierra la declaración.
Evidentemente, no se pueden repetir los errores de 1995. Una negociación justa debe incluir la exigencia de mejorar sustantivamente los niveles de seguridad en la vía, hoy cuestionados por una gran mayoría.
Es justo reconocer que el actual Gobierno está intentando reparar los errores del pasado y no seguir siendo cómplice de cobros abusivos, como ocurrió con sus antecesores. No se trata de poner fin al sistema de concesiones, de no renovar los contratos o expropiar rutas (lo que representaría un costo difícil de abordar), sino de avanzar hacia un acuerdo que beneficie a los usuarios, sin vulnerar el Estado de Derecho, poniendo especial énfasis en la seguridad y calidad de la vía, así como en el cobro de precios que estén en sintonía con los valores del mercado.
