Un camino a la paz y el entendimiento duradero

La entrega del informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento marca un hito en el esfuerzo por dar una salida política, dialogada y realista al conflicto histórico que afecta a la Macrozona Sur. No se trata solo de un documento más, sino de una hoja de ruta seria, trabajada y comprometida, que abre la posibilidad de reconstruir las confianzas entre el Estado y el pueblo mapuche, y entre todos los actores que habitan y comparten ese territorio.
Desde el Gobierno valoramos profundamente este trabajo, no solo por su contenido, sino por su forma: más de 150 audiencias, 503 personas participantes, 250 horas de trabajo en terreno, y una activa participación de organizaciones mapuche y de mujeres —quienes ingresaron el 64% de las propuestas. Este proceso puso en el centro a la sociedad civil, como actor indispensable para avanzar hacia una solución legítima y duradera.
“Es importante que se vayan dejando huellas desde ya, para que cualquier gobierno en adelante pueda continuarla y que se vea que esto es una materia de Estado”, hemos señalado. Y eso es precisamente lo que representa esta comisión. No es una agenda de un gobierno o de un sector político en particular. Es una responsabilidad de todos y todas. Este informe reconoce con claridad que el Estado no ha sabido relacionarse con los pueblos indígenas de manera adecuada. Pero también ofrece una nueva oportunidad: transitar hacia una relación basada en el respeto, la interculturalidad y el diálogo. “¿Eso significa autonomía territorial? No. Pero sí tiene que haber respeto”, como se expresó en la propia comisión. Se trata de entender que la interculturalidad permite construir una sociedad más justa y cohesionada.
Entre los aspectos más relevantes del trabajo, se realizó un diagnóstico clave sobre la demanda de tierras: existen 700 comunidades con derecho a restitución y se estima que surgirán 1.300 más. Al ritmo actual de 10 a 15 restituciones por año, el conflicto podría extenderse por más de un siglo. Por ello, propone un nuevo sistema para resolverlo en dos o tres gobiernos, lo que implica 377.000 hectáreas y unos 3.150 millones de dólares. Además, se reconoce transversalmente la necesidad de reparar a víctimas mapuche y no mapuche.
El enfoque integral incluye justicia, reparación, institucionalidad y desarrollo. El trabajo abarcó cinco ejes y garantizó una participación amplia y efectiva de diversos actores, lo que refleja la profundidad del trabajo realizado. La sociedad civil, el sector privado, las comunidades, las autoridades ancestrales, los partidos políticos y los organismos internacionales fueron escuchados, en una diversidad de formatos que garantizó participación real y no simbólica.
Hoy Chile tiene la oportunidad de avanzar hacia un entendimiento mutuo. Eso es lo que esta Comisión ha ofrecido: una propuesta que no impone, sino que construye con miras al futuro.
Debemos dejar de pensar que esto responde a una lógica de gobierno de turno. Este es un compromiso de Estado, de largo plazo y el desafío que viene es aún mayor: traducir esta hoja de ruta en acciones concretas, que transformen la desconfianza en colaboración y el conflicto en convivencia. Porque la paz no se impone; se construye.